Trump y Maduro, en extremos del espectro ideológico, centran sus ataques en los periodistas y medios de comunicación para controlar la prensa. Verifica el acontecer el nuevo presidente del Consejo de Periodismo, Juan Planells padre. Periodismo independiente se mueve con la política. Amor y odio, pero se aspira a que propicien un debate con argumentos y de altura. En un ambiente como el patrio, donde es más aquello de “dadme un prejuicio y te moveré el mundo”, la libertad de expresión aún vive bajo la cultura de intervención gubernamental heredada de una legislación diseñada para el autoritarismo. Feo. Lo manifiesta Planells, rector de la USMA y quien representa a las universidades en el Consejo de Periodismo, que integran gremios profesionales y empresas. Buen fichaje. Explica que, no obstante avances en las últimas décadas, persiste una influencia dejada por los gobiernos autoritarios, que nos obliga a permanecer alerta, “durmiendo con un ojo bien abierto”.
Cada semestre, desde la Asamblea, un diputado levanta la mano para proponer un proyecto que coarte la libertad de expresión. Zarandeo y ataque que camuflan detrás de supuestos nobles principios de defensa al honor, a la protección frente al terrorismo, al narcotráfico, a los abusos en las redes sociales y hasta en defensa de la democracia. Planells puede que admire –y yo también- la lucha de Suntracs en las últimas décadas en su liderazgo por las reivindicaciones sociales y salariales. Diverge de la opción política madurista –que no madura- y sus estragos en la aspirada libertad, incluso la de expresión. Venezuela, junto con México, es una de las naciones en las que el Gobierno ha castrado a la prensa independiente y de oposición.
Los periodistas sufren cada vez más ataques durante las manifestaciones, detenciones arbitrarias con agresivos interrogatorios, así como la destrucción de sus equipos y la expulsión de periodistas. Nuestro planeta ha avanzado mucho, sobre todo con el poder de las tecnologías de la información, que intercomunican hasta a la mitad de la población. Vive, no obstante, una crisis de derechos. Solo el 13% de la población mundial disfruta de libertad de prensa. Ha decrecido. La persecución y el asesinato de periodistas por el narcotráfico en México y Centroamérica, las restricciones legales en Canadá y Estados Unidos, la persecución de usuarios de redes sociales en Ecuador y Venezuela y las demandas judiciales en Panamá abanderan las restricciones de esta época.
Hoy mantenemos una batalla legal en la Corte Suprema de Justicia contra el incumplimiento de la ley de transparencia como advertencia de inconstitucionalidad. La ley de habeas data que busca asegurar la transparencia en la gestión pública ha sido desconocida por la Asamblea. Este intento de opacidad de la Asamblea va en contra del principio de información al que Panamá se ha comprometido ante la United Nations Convention Against Corruption.