Ciclo propositivo. Ciclo autodestructivo. Es un péndulo. El autodestructivo hoy es atizado en medio del fenómeno de la metamodernidad y la oclocracia en ciernes, que flagelan esta época.
Ciclo horrible el de los años 1980, con jefe de Estado, a uno y medio por año, asesinatos, tortura, represión, despertar ciudadano, caos electoral e invasión. Una invasión estadounidense, de la que aún no están las heridas cerradas y ni siquiera contabilizados los difuntos.
Una elección anulada. Por mi trabajo de reportero, presencié, in situ, sin internet y sin celular cuando la magistrada Yolanda Pulice, presidenta del Tribunal Electoral, anunció la anulación de las elecciones de mayo de 1989 y, en medio de las tanquetas gringas, comunicar que Endara y su nómina presidencial habían ganado la Presidencia.
Endara ganó por 70% de los votos y tomó posesión en el debut de la invasión, en medio de los estruendos nocturnos, el 20 de diciembre de 1989, en una vivienda localizada dentro de la base militar del Comando Sur gringo, en Clayton, hoy Ciudad del Saber.
Ciclo propositivo. Después de semejante ciclo, el péndulo cambia. Surgen las negociaciones de Bambito y Coronado. Se gesta el título constitucional del Canal de Panamá, que abre paso a la Ley Orgánica que lo rige, y la configuración de la Fuerza Pública.
Nace en aquella época, hoy casi treintona, la comisión nacional de reformas electorales, cuando funcionaba cercano a los Archivos Nacionales el Tribunal Electoral, con magistrados recién nombrados (Denis Allen y Eduardo Valdés).
En apoyo al Tribunal Electoral y a la mejora del Código Electoral, empezaron a colaborar, ad honorem, organizaciones de la sociedad civil, como Justicia y Paz y el Comité Panameño de Derechos Humanos, en calidad de observadores.
Esa comisión y la Junta Nacional de Escrutinio son referentes latinoamericanos, que han sido y son elogiados porque garantizan la efectividad y credibilidad de los procesos electorales. El propio Código Electoral establece que, concluido un comicio, cada cinco años, se somete a debate su contenido para mejorarlo, a través de esa comisión, en la que los partidos políticos tienen 5 de los 9 votos (la sociedad civil en minoría), entre decenas de organizaciones públicas y privadas que participan en las propuestas de enmiendas, que son sometidas a la aprobación o no de la Asamblea Nacional. Aquello que se apruebe, debe ser sancionado por el Jefe de Estado.
La Junta Nacional de Escrutinio funciona 5 meses y es integrada por 9 ciudadanos no inscritos en partidos y, que sin ser funcionarios, tienen la responsabilidad de contabilizar los resultados de las actas de los votos para Presidente y Vicepresidente y proclamarlos.
En la comisión, cuatro pilares corresponden a la sociedad civil, agrupados así: organizaciones obreras, empresa privada, organizaciones no gubernamentales y academia.
Cada partido tiene sus representantes, sí como la Asamblea Nacional y la Fiscalía Electoral. Cada delegado debe informar a los dignatarios de la organización a la que representa.
El Código vigente corresponde al aprobado en 2017, dos años antes del torneo de 2019. Las propuestas de reformas fueron debatidas durante un año, en pandemia, por plataformas virtuales, en 23 sesiones sabatinas.
Diputados en el presente han entrado en un frenesí para desmontar estas instituciones que enorgullecen a la nación y tratan de prevenirla del ingreso de dinero sucio en las campañas electorales, además de garantizar justicia, equidad y honestidad.
El autor es periodista, filólogo y docente.
