Varias columnas de humo se alzan en los alrededores de Novo Progresso, atizadas por la deforestación de tierras invadidas y por las quemadas para limpiar los campos en uno de los municipios brasileños más afectados por los incendios amazónicos.
En un asentamiento rural, a 70 km de esa ciudad del estado de Pará, las llamas devoran en poco más de media hora un campo de Pedro Gomes, uno de los modestos colonos que recibieron hace años tierras del gobierno, y se esparcen unos metros por una colina de espesa vegetación y altos árboles.
Gomes (el nombre es ficticio), de 48 años, sombrero de vaquero y piel curtida por el sol, es uno de los miles de agricultores y ganaderos de la mayor selva tropical del planeta que recurren durante la temporada seca a las quemadas para preparar la tierra, eliminar las plagas y cultivar maíz o soja o plantar pasto para el ganado.
“Para los satélites del INPE [Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales], esto es un foco de incendio ¿lo puedes creer?”, dice sonriendo, apostado en el portón de su propiedad, de 48 hectáreas, una superficie pequeña según los parámetros brasileños.
“Esto es una quemada, no un incendio, y si se sale, la selva la apaga”, asegura, antes de preguntarse: “¿Cómo quieren que plantemos sin quemar?”.
Deforestación
Las oenegés atribuyen el auge de la deforestación al desmonte de los organismos de control, como el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables y el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad.
La humareda y los pocos troncos que quedan en pie apenas dejan ver su precaria casa de madera.
Las quemadas fueron prohibidas en julio durante 120 días por el gobierno de Jair Bolsonaro, tras la crisis internacional provocada el año pasado por su multiplicación en esta selva vital para el equilibrio del clima.
Agosto y septiembre serán determinantes para saber si la orden se acató y la tendencia se invirtió, como afirma el gobierno.
En julio, el desmate se redujo un 36% respecto al nivel récord de julio de 2019, pero en el periodo agosto 2019-julio 2020 (año de referencia en el calendario de la deforestación), la tala alcanzó 9.205 km2, un 34.5% más que en los doce meses anteriores.
Novo Progresso fue el año pasado el epicentro del “Dia do Fogo”, el 10 de agosto, cuando la selva ardió dentro de un presunto plan para mostrar que las promesas electorales de Bolsonaro se habían tomado en serio entre los propietarios rurales de Pará. La humareda llegó a oscurecer el cielo de Sao Paulo, a 2 mil 500 km.
Agamenon Menezes, presidente del Sindicato de Productores Rurales de Novo Progresso, asegura que el “día del fuego” fue “un invento de los medios de comunicación y de las oenegés” y pide que el gobierno legalice las explotaciones existentes, para que sus propietarios “tengan que cumplir la legislación ambiental”.
Los ambientalistas recuerdan que en la selva prácticamente no hay combustión espontánea y que los incendios están vinculados al imparable avance de la deforestación.
Un fenómeno que afecta principalmente a las tierras públicas, a los asentamientos rurales y a las propiedades privadas y que, según las oenegés, se ve estimulado por el apoyo de Bolsonaro a la apertura de la Amazonía a las actividades extractivas y agropecuarias.
De los más de 9 mil km2 deforestados en los últimos 12 meses, un 11% afectó a unidades de conservación ambiental y a reservas indígenas. “Los invasores de tierras marcan el territorio deforestando y ‘plantando bueyes’ (...). Y cuando se deforesta, la única forma de convertir esa área en suelo agropecuario es quemando”, explica Beto Verissimo, fundador del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonía. “En muchos casos, esperan vender la hacienda a otro agentes económicos”, agrega.
Un equipo de la AFP recorrió en agosto miles de kilómetros de carreteras de tierra entre el norte de Mato Grosso y el sur de Pará, flanqueadas por vastas haciendas con ganado y con restos de árboles todavía chamuscados.
También pudo ver enormes áreas recién deforestadas, listas para ser quemadas. Una situación preocupante por sus impactos sanitarios en plena pandemia, que en Brasil ya dejó más de 107 mil muertos.