Hace más de dos décadas que la mexicana Guadalupe Galicia, madre soltera de seis hijos, se despierta a las 4:00 a.m. para preparar arroz con leche y decenas de tamales que vende a 2.25 dólares en una esquina de Nueva York.
La ciudad de los hot dogs y los pretzels es famosa por su rica oferta de comida callejera: desde tacos al pastor mexicanos, arepas venezolanas o lechón horneado ecuatoriano, sánduches árabes de falafel, dumplings chinos o momos tibetanos.
Como Galicia, que vive en un pequeño apartamento de Bushwick, Brooklyn, muchos vendedores neoyorquinos son inmigrantes indocumentados, y se enfrentan a innumerables dificultades para subsistir.
El ‘rompecabezas’ para vender comida
Para vender comida en las calles de Nueva York se precisa una licencia que cuesta unos 50 dólares y un permiso para el carro que cuesta 200. Pero es casi imposible obtener los permisos para carros porque los cupos son limitados.
“Solo estamos trabajando, estamos ganando dinero para mantener a nuestros hijos”, explica en una gélida mañana esta mujer de 40 años, mientras ofrece a los transeúntes un humeante vaso de champurrado, una bebida espesa de chocolate, harina de maíz y especies.
No tiene un verdadero carro ambulante porque teme que la policía lo confisque. Transporta su comida en un carro de supermercado sobre el cual abre dos sombrillas que la protegen de la lluvia y la nieve.
Además de enfrentar las inclemencias del tiempo, los vendedores -sobre todo las mujeres- con regularidad son blanco de agresiones, robos, multas, confiscaciones o arrestos que pueden culminar en su deportación si no tienen papeles, según el Proyecto de Vendedores Callejeros (PVC) de la ONG Justicia Global.
Aunque Nueva York tiene más de 10 mil vendedores de comida callejera, desde 1983 el tope de permisos está “congelado” en 2 mil 900.
Fuera de Manhattan, en distritos como Bronx, Queens y Brooklyn, la comida callejera es vendida sobre todo por mujeres, que según el PVC sufren más agresiones y reciben más multas.
La mayoría son el principal sostén de su familia, y escogen este trabajo para poder cuidar a sus hijos cuando regresan de la escuela, explicó a la AFP Julie Torres Moskowitz, una arquitecta que asesora al PVC.
A veces no denuncian las agresiones “porque uno de sus mayores miedos es la policía, y por eso son extra vulnerables”, señaló.
En noviembre, un video de un policía esposando a una vendedora de churros ecuatoriana en el metro -donde está prohibida la venta de comida- se viralizó en las redes sociales, provocó una ola de indignación y alertó sobre la precaria situación de estas mujeres.
Fue entonces que aparecieron en el metro los grafitis “¡Más churros, menos policías!”, también en protesta a la decisión del gobernador Andrew Cuomo de contratar a 500 policías más para vigilar el metro.
Durante años Galicia trabajó sin licencia ni permiso. Calcula que ha pagado unos 12 mil dólares en multas. Varias veces han confiscado su comida para tirarla a la basura. “La ciudad nos tiene que dar los permisos para trabajar porque también estamos pagando los impuestos de la venta”, se queja.