Estudios regionales confirman que en los primeros 12 meses de pandemia, sobre todo entre abril y mayo de 2020, las restricciones de movilidad impuestas para tratar de frenar los contagios del SARS-CoV-2 en el mundo y la concentración de los sistemas de salud en el manejo y atención de los enfermos de Covid-19 impactó de forma negativa el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva de las mujeres y contribuyó al aumento de la mortalidad materna. Las estadísticas locales disponibles permiten afirmar que Panamá no fue la excepción.
Un reporte del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) —divulgado el 12 de marzo— revela que casi 12 millones de mujeres de 115 países de ingresos medianos y bajos perdieron el acceso a los servicios de planificación familiar, lo que originó 1.4 millones de embarazos no planeados. Según el informe, en los países estudiados las mujeres se enfrentaron a una media de interrupción de estos servicios de alrededor de 3.6 meses en el último año, lo que indica —de otro lado— que muchos sistemas sanitarios fueron lo suficientemente resilientes para adaptarse y seguir prestándolos.
Menos consultas
En Panamá, informes preliminares del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud (Minsa) indican que en planificación familiar 57 mil 241 pacientes se acercaron en busca de consulta, una caída de 35 mil 874 comparado con las 93 mil 115 que hubo —también según cifras preliminares— en 2019.
“Definitivo, hubo una disminución sustancial de los servicios”, manifestó Geneva González, jefa nacional del Programa de Salud Sexual y Reproductiva. “Nos preparamos desde enero de 2020 con protocolos de manejo, pero al llegar la pandemia e iniciar la trazabilidad, los centros de salud se quedaron sin médicos; adicional, las pacientes, por miedo o por falta de transporte no podían llegar a las unidades donde se atendían”, apuntó.
La región de Panamá Metro fue altamente afectada, precisó González, debido al fallecimiento de colegas víctimas de la pandemia, a que parte del personal estaba en labores de campo y otros en teletrabajo. En este caso, según cifras preliminares, en 2020 hubo 907 consultas de atención prenatal menos. En 2019 el registro preliminar indica que hubo 22 mil 731 y en 2020, 21 mil 824. Otro efecto de la pandemia fue el atraso en la compra de anticonceptivos, por procesos declarados desiertos pues las casas farmacéuticas no podían suplirlos como resultado de los cierres impuestos para tratar de frenar el avance del virus.
González dijo que no pueden hablar todavía de embarazos no planificados como resultado de todo este escenario, ya que necesitan disponer de más información acerca del número de nacidos vivos, tasa de fecundidad, entre otros elementos. No obstante, en cuanto a mortalidad materna, indicó que para 2019 la razón de mortalidad estaba en 40/100,000 nacidos vivos (29 muertes) y por la pandemia el preliminar de 2020 fue de 76/100,000 nacidos vivos (54 muertes), con 12 muertes por Covid-19.
“Preliminarmente, la comarca Ngäbe Buglé ha incrementado el numero de muertes y, en términos generales, del grupo de muertes maternas un 27% no se controló el embarazo”, afirmó.
Jaime Sánchez, presidente de la Sociedad Panameña de Ginecología y Obstetricia (SPOG), dijo que esta cifra refleja que en 2020 se produjo un incremento que, además, está siendo influenciado por la Covid-19. “Si hacemos una reflexión rápida, estos valores dan cuenta que la Covid-19 es una causa, cuyo impacto está casi duplicando el registro anual de muertes; una cifra que refuerza las recomendaciones que la SPOG ha dado respecto a contemplar la vacunación de las mujeres embarazadas como población vulnerable”, remarcó.
Caída de consultas de salud sexual
35,874. Cantidad en que cayeron las consultas de planificación familiar en 2020 en comparación con 2019, en las instalaciones del Minsa.
25,600. Es el número de personas que dejó de atender Aplafa en 2020.
54. Número de muertes maternas en 2020, en Panamá, según cifras preliminares (12 atribuidas a la Covid-19).
Sánchez reconoció que, en sus primeros meses, la pandemia representó una limitación a todos los niveles, respecto al acceso de todos los derechos en salud sexual y reproductiva de la mujer panameña, y resultó en afectaciones de servicios básicos debido a la falta de atención temprana, que se paralizó temporalmente, tanto en el sector público como en el privado. Asimismo, apuntó que hubo afectaciones en la oferta de servicios para tamizaje y prevención de otras patologías ginecológicas.
Los problemas de gestión de recursos y respuesta a la pandemia que vivía el mundo a inicios del año pasado llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitiera la Resolución 1/2020 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, adoptada el 10 de abril. En lo relativo a las mujeres, entre otros aspectos, el documento recomendó a los Estados “garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva durante la crisis de la pandemia, incrementando, en particular, las medidas de educación sexual integral y de diseminación de información por medios accesibles y con lenguaje adecuado [...]”.
Casi dos meses después, el 1 de junio, la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicó el documento Mantenimiento de los servicios de salud esenciales: orientaciones operativas en el contexto de la Covid-19, en el cual señala que “para evitar la morbilidad y la mortalidad indirectas y prevenir el agravamiento agudo de las afecciones crónicas cuando se interrumpen los servicios, los países deben definir cuáles son los servicios de salud esenciales a los que se dará prioridad en función del contexto, de modo que sigan funcionando durante la fase aguda de la pandemia de COVID-19” y entre las categorías de alta prioridad listó “los servicios relacionados con la salud reproductiva, incluido durante el embarazo y el parto”.
Los impulsos diplomáticos y los llamados de organismos internacionales y gremios pudieron poco con lo que ya venía sucediendo.
En Panamá, la reducción de las atenciones también queda en evidencia en las estadísticas de la Asociación Panameña para la Planificación Familiar (Aplafa), que actualmente tiene siete clínicas entre la provincias de Chiriquí, Veraguas, Colón y Panamá y cuyos costos la hacen accesible a un grupo importante de la población, incluida la de menos ingresos. Su proyección de atención para 2020 era de 56 mil personas y solo alcanzaron a unas 30 mil 400. Según los registros de Aplafa esto significa que no lograron llegar ni siquiera al promedio anual de los tres años previos, que estuvo entre 50 mil 700 y 51 mil. Si se analiza el panorama en función de la cantidad de servicios prestados, los de ginecología y obstetricia fueron los más afectados, con 76 mil menos, y los de planificación familiar, con 17 mil menos. En 2019, entre ambas áreas prestaron unos 240 mil y en 2020 estuvieron cerca de los 150 mil.
Tanto el informe regional del Unfpa como la información del Minsa y de Aplafa coinciden en que los meses más críticos en cuanto a reducción de la atención fueron abril y mayo de 2020.
En el caso de Aplafa, en ese periodo tuvieron que cerrar la mayoría de sus clínicas para ajustarse a los protocolos sanitarios y poder brindar atención segura; solo se abrió un día por semana, para consultas prenatales previamente agendadas y ginecológicas de emergencia. En cuanto a las instalaciones del Minsa, la jefa nacional del Programa de Salud Sexual y Reproductiva precisó que en abril informaron que solo se atendería en los centros de salud embarazadas con patologías o puérperas, por el número de casos en crecimiento, y en la Región Metropolitana comenzó el teletrabajo; y que en mayo confeccionaron los flujos de manejo de todos los programas de salud a la población dirigidos a la detección, manejo y referencia de pacientes Covid-19. “La maternidad del Santo Tomás nunca suspendió la consulta en las embarazadas de alto riesgo, todos los servicios de maternidad”, destacó.
Otro estudio
El Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (Clacai) —una iniciativa que reúne activistas, investigadores, proveedores de servicios de salud y profesionales, que contribuye a la disminución del aborto inseguro en la región y promueve el acceso a la información— hizo un monitoreo regional en nueve países, a partir de 17 indicadores cuantitativos y cualitativos.
Los resultados del monitoreo fueron presentados en una audiencia pública ante la CIDH el pasado 25 de marzo. Como hallazgo general se reportó una “afectación en todos los indicadores de salud reproductiva; aumento de hasta el 40% en la mortalidad materna en algunos países, así como hasta el 86% en la provisión de aborto seguro; y hasta un 30% en los partos extrahospitalarios”. Las brechas de acceso —afirmaron— se exacerbaron.
La investigación, que abarcó de marzo a septiembre de 2020, se enfocó en las cuatro prestaciones que fueron declaradas esenciales por la OMS: atención prenatal, entrega de anticonceptivos, acceso a la interrupción legal del embarazo e infecciones de transmisión sexual (testeo, tratamiento y mantenimiento de los servicios), y tomó como línea de base 2019. “Fue una comparación muy corta, para tener alguna idea de cómo fue la variación en este año”, explicó a este medio Sonia Ariza, investigadora de la oenegé argentina Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), una organización que desde 1975 desarrolla actividades de investigación en ciencias sociales, una de las líderes de la iniciativa denominada “La salud reproductiva es vital”, que incluye el monitoreo regional.
Al igual que el caso del Unfpa, el estudio de Clacai reflejó una disminución importante en la provisión de servicios en la mayoría de los países, los controles prenatales disminuyeron o faltaron y esto se tradujo en un “aumento importante de la mortalidad materna, en particular en algunas franjas etáreas”, detalló la investigadora. Además, la cantidad de interrupciones legales del embarazo en la mayoría de los países disminuyó.
El tiempo de pandemia la foto que nos deja es que la salud reproductiva es muy sensible al acceso a la salud reproductiva, hay un vínculo ahí inextinguible. Lo veníamos diciendo pero esta pandemia nos lo hace patente, porque cualquier obstáculo en el acceso a la atención prenatal se traduce inmediatamente en aumento de la mortalidad materna, en cifras devastadoras y dramáticas".
Sonia Ariza, investigadora
En cuanto a acceso a los anticonceptivos, ninguno de los Estados adaptó su presupuesto y compras de insumos a las estimaciones basadas en crisis sanitarias previas, y la mayoría tuvo muchos problemas de disponibilidad, a pesar de que se aprobaron normas que flexibilizaron los procesos.
Entre los hallazgos positivos hay ejemplos de cooperación entre las organizaciones sociales y el Estado para adaptar la provisión de servicios a las restricciones que imponía la pandemia, como la telemedicina. Ariza y Agustina Ramón, también investigadora a cargo del monitoreo, precisaron que casi todos los países analizados utilizaron esta herramienta, particularmente para la asesoría anticonceptiva o de salud reproductiva, o para algunos controles prenatales de bajo riesgo, y esto venía en muchos casos de la experiencia de las organizaciones en la provisión de servicios.
Todavía nos queda como un gran vacío, nuestros hallazgos nos muestran que las adaptaciones fueron mínimas, que algunos Estados que ya venían comprometidos, lo hicieron, como Argentina, por ejemplo, en materia de receta electrónica, pero después ninguno de los Estados modificó el acceso efectivo a los servicios, y allí está el desafío, destacaron.
Monitoreo, dos ejemplos
Perú. En 2020 se registraron 437 muertes maternas lo que representa un incremento del 45% en comparación con 2019. El número de muertes solo es superado a lo notificado hace 8 años, en 2012, cuando se reportaron 439 muertes. Además, los partos extrahospitalarios llegaron al 69% con respecto al 54% en 2019, y los partos domiciliarios con ausencia de personal calificado se elevaron en un 54% en comparación con 2019.
Ecuador. La atención a emergencias obstétricas relacionadas con abortos se redujo en un 54.19% entre marzo a julio de 2020 con comparación con el mismo período de 2019. La mortalidad materna aumentó 33.64% con respecto a 2019 entre el 1 de enero y el 1 de noviembre de 2020.
“Vimos que la difusión de información en materia de salud sexual y reproductiva en casi todos los países fue deficiente, muy concentrada en el Covid y en la idea de quédense en casa sin una moderación que respondiera a las necesidades de salud reproductiva, cómo acceder a los servicios de anticoncepción, cuál era el riesgo real de ir a retirar los anticonceptivos de los sectores de salud, cuál era el riesgo de no hacer un testeo de VIH después de una situación en la que hay posibilidad de contagio, etc.; esa información no estuvo en el centro de las campañas de comunicación ni de los mecanismos de difusión de los Estados. Sin embargo, encontramos que la habilitación de líneas telefónicas que estaban prestando servicios de asistencia se ampliaron durante la pandemia y mejoraron de alguna manera la posibilidad de tener esta información”, remarcó Ariza.
En Panamá, el uso de la tecnología estuvo mayormente enfocado en la trazabilidad y consultas médicas relacionadas con la Covid-19, no obstante, hubo iniciativas para la atención en materia de salud sexual y reproductiva. El doctor José Leonardo González, encargado del programa materno fetal de la Caja de Seguro Social (CSS), manifestó que al ver la caída de pacientes —de más de un 50%— por la afectación a los servicios y el temor de los pacientes a los contagios, la CSS apostó a “las plataformas interactivas”. Detalló que el sitio “Vive Saludable” fue una de las estructuras de atención primaria que idearon para poder seguir dando información a las embarazadas sobre las pruebas de tamizaje. “Esto nos permitió articular con el Minsa y la SPOG sobre todo para que la cobertura del papanicolau se siguiera realizando”, indicó.
Además, instalaron líneas telefónicas para que las pacientes agendaran sus citas y continuar con la genotipificación (tamizaje para la prevención del cáncer cérvicouterino), y diseñaron estrategias para mantener las mamografías. Dijo que trataron de seguir las citas de control y también de anticoncepción pero reconoció que en el área de planificación familiar “las caídas fueron impresionantes”.
Aunque no aportó cifras, González afirmó que las estrategias puestas en marcha les permitieron ir recuperando la atención y que al finalizar se acercaron al 80% de la población alcanzada en 2019.
