Diciembre de 1989. En los primeros días de los bombazos y tiroteos del Ejército de Estados Unidos contra blancos de Panamá, se calcula que resultaron muertos entre 350 y 400 panameños, en su mayoría civiles. Una veintena de soldados gringos fueron registrados como fallecidos.
Se han identificado, de manera formal, 331 víctimas panameñas como consecuencia de la invasión decretada por el presidente George Bush. Cada número, en esta lista, posee su nombre correspondiente.
Por identificar, se encuentran restos exhumados en fosas comunes de los cementerios Jardín de Paz, Parque Lefevre, en 33 bolsas, y de Monte Esperanza (Mont Hope), municipio de Colón, en 8 bolsas. (Se calcula que pueden corresponder a otras 41 víctimas).
En 32 años, han surgido muchas cifras de víctimas de esa intervención, con especial saña contra El Chorrillo, Río Hato y Colón, con bombardeos masivos, a partir de la medianoche del 20 de diciembre. Pocas llevan el nombre correspondiente de la víctima, como la publicada hace 30 años por el Centro de Estudios Estratégicos. Incluye 317 nombres (por error, algunos de vivos). Muchas cifras al aire sin evidencia.
En el informe de 2017, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) exige a Estados Unidos una reparación integral, incluida la económica, a las víctimas, a sus herederos, y a los propietarios perjudicados, así como al esclarecimiento de los efectos de la intervención.
EUA no se responsabiliza por los daños, en las respuestas para ese informe. Recalca que sus soldados buscaron “minimizar el número de civiles” impactados y que actuó en legítima defensa. Se refiere a la afirmación de Noriega el 16 de diciembre, en acto en el Teatro Balboa, de que Panamá se encontraba en “estado de guerra” frente a las permanentes escaramuzas por tropas de EUA en áreas de la capital.
La peticionaria de la demanda, Gilma Camargo, abogada panameña, precisó que “estado de guerra” no significó “declaración de guerra”. Semántica para deslindar entuertos de alta jurisprudencia.
¿Hay otras fosas comunes de víctimas?, se preguntan los delegados de la CIDH. Se declaró impedida la comisionada Esmeralda de Troitiño, panameña.
Expedientes de supuestas víctimas no aparecen. Se archivaba entonces manual y por caso. No por víctima de la invasión. No fueron encontrados expedientes de familiares que solicitaron reapertura. ¿Deben resignarse a no saber nada?
La CIDH demoró décadas en pronunciarse frente a la querella interpuesta por Camargo, quien perseveró y aportó argumentos fuertes frente a aquellos suministrados por EUA.
El Tratado de Neutralidad. EUA lo invocó para justificar la intervención. Camargo citó la letra de ese acuerdo, que existe para atender la protección del Canal. No así, precisa, atacar población civil de ciudades aledañas.
En 2016, el presidente Varela creó una comisión especial, que preside el ingeniero Juan Planells, que busca cotejar nombre, número y víctima de la invasión con herramienta científica y bajo el concepto de personas desaparecidas (como en el marco de otras naciones latinoamericanas).
EUA violentó con la intervención armada los fundamentos de la civilización contenidos en la creación de la OEA, la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Concluye la CIDH, con decena de signatarios, incluidos Panamá y EUA. Esos delitos no prescriben. ¿Cuándo Panamá apelará ante el Derecho Internacional para que EUA empiece el proceso de reparación exigido por la CIDH?
EUA fue demandado, ante sus tribunales federales, por el Estado español por la muerte del periodista Juan Rodríguez (al amanecer del 21 de diciembre, frente a Atlapa). Y resultó absuelto.
El autor es docente, periodista y filólogo
