Inestabilidad, falta de credibilidad, mínima institucionalidad. Es la imagen de la organización responsable de reprimir el delito, con miles de funcionarios, muchos de alto nivel profesional.
La figura del líder arquea el devenir de esa organización, crucial en la vida social, y que uno lee y oye en medios de comunicación bautizada de Misterio Público, casi como si se tratara de un enigma pie grande o una galaxia primigenia por descubrir.
El mandato de un fiscal (procurador) general, con toda la gravedad del puesto, es de 10 años, desde hace 75 años, lapso establecido en la Constitución de 1946, que se asegura fue la más avanzada que hemos tenido.
Fue José Antonio Sossa el último líder de esa organización que cumplió los 10 años, si bien ese de signo político diferente de los dos mandatos presidentes en los que sobrevivió: Ernesto Pérez, quien lo designó, y Mireya Moscoso. Dos mandatarios de colectivo político distinto entre ellos y distintos del que provenía Sossa.
Si institucionalidad se mide por el cumplimiento de ese mandato constitucional, con ese fiscal se acabó. Desde 2005 hasta 2025, en principio, solo 2 cumplirían ambos periodos. Cuando aún faltan 4 años, ha sido una romería de procuradores desde 2010, cuando resultó defenestrada de ese cargo Ana Matilde Gómez. Hay apuestas sobre el número de quienes sucederán al actual, Javier Caraballo.
En 16 años, ese cargo está en el CV de 8, uno cada dos años. Institucionalidad 20%, si se atiende al precepto constitucional.
En la plaza, hay casi 30 mil abogados, casi un tercio mujeres. En su mayoría, puede mandar su hoja de vida al Consejo de Gabinete, un espejismo porque casi todos sus miembros han sido designados por Cortizo. Al menos que él delegue en su flamante segundo. Ojo con el Vice. Y Ojo con el Cristo, que es de plata.
Delitos hay de todo tamaño y pelaje. Es como la historia de la Cucarachita Mandinga. ¿Cómo lo quieres? ¿Jurista, penalista, exorcista, exorcizado, aterrado? Es un cargo con mandato constitucional, en el que el ¿agraciado? Debe conocer más de Derecho Constitucional y de la dinámica social. País con el ingreso per cápita de Latinoamérica –datos de prepandemia para no tomar al pie de la letra– y niveles de desigualdad de récord mundial –sí tomar muy en serio–. No olvidar que el fiscal general tiene iniciativa legislativa. Atender cláusulas sociales no escritas: escoba nueva barre bien –no esperar el desgaste natural para restregarnos que hay que cambiar el sistema–, tongo botao no pone boleta, y quien no atiende su poder se descalifica. Es “botao”, “pelao” y “pescao”, en el sociolecto local. Entender cuál es la dinámica del Estado y de la sociedad. Si el jefe del procurador es la Constitución (o Dios, para los creyentes, qué conveniente), alejarse del modelo de antecesores palaciómanos. ¿Tengo que listarlos también? Ser proactivo; no estar esperando consignas de distintos poderes, que te pinchen, te hurten el pensamiento, te ocupen los sillones o te acaban el café oficial.
Ante tanto badulaque nacional, no aceptar aspirantes que solo buscan poner esa magia en el CV, no saben trabajar en equipo, ni saben conformarlo, carecen de coraje o son más elegibles para la rentable diplomacia de las cercanías de Disney.
El autor es docente, periodista y filólogo