El Vaticano anunció ayer la remisión a su tribunal penal de 10 personas, entre ellas un influyente cardenal, por la financiación opaca a través de hombres de negocios italianos, de un edificio de lujo en Londres.
El cardenal Angelo Becciu, uno de los más influyentes del Vaticano y colaborador cercano del papa Francisco, comparecerá ante el tribunal de la Santa Sede a partir del 27 de julio.
Becciu, de 73 años, es procesado por malversación de fondos, abuso de poder y soborno de testigos en este caso cuyos primeros elementos comenzaron a aparecer en la prensa italiana en septiembre de 2019.
El pontífice había pedido entonces a Becciu que le presentara su dimisión. El cardenal era el número dos de la Secretaría de Estado, la administración central de la Santa Sede, cuando el procedimiento de compra del edificio comenzó en 2014.
Entre los otros acusados, el suizo René Brüllhart, expresidente de la Autoridad de Información Financiera (AIF), el gendarme financiero de la Santa Sede, debe responder por abuso de poder.
También será juzgado por extorsión y abuso de poder monseñor Enrico Crasso, antiguo gestor del patrimonio reservado de la Secretaría de Estado, un maná de varios cientos de millones de euros procedente en gran parte de donaciones de los particulares a la Santa Sede.
De boca de sus abogados, Brülhart y Carlino defendieron el sábado que siempre fueron “leales” y trabajaron “en interés de la Santa Sede”.
Las otras personas que serán juzgadas son Tommaso Di Ruzza, antiguo director de la AIF; Cecilia Marogna, llamada “la dama del cardenal”, una joven consultora italiana a la que la Secretaría de Estado habría depositado medio millón de euros en una cuenta en Eslovenia; el inversor Raffaele Mincione; el abogado Nicola Squillace; Fabrizio Tirabassi, un antiguo alto funcionario laico del Vaticano; y Gianluigi Torzi, un empresario arrestado en mayo en Londres.
La inversión en el corazón del escándalo es un edificio en el barrio londinense de Chelsea, 17 mil m2 transformados en unos 50 apartamentos de lujo. La primera participación en el proyecto tuvo lugar en 2014 a través de un fondo luxemburgués gestionado por el holding de Mincione.
La opaca gestión financiera, a través de Suiza y Luxemburgo, incitó al Vaticano cuatro años más tarde a ponerle fin comprando todo el edificio. El precio estaba por encima de su valor real. Según un periódico italiano, la operación pudo tener un costo total de 200 millones de euros ($237 millones), pero si se añaden otras inversiones sospechosas, el daño al Vaticano sería mucho mayor.
