ROMA, Italia.– Valter Lavítola y Paolo Pozzessere, exdirector comercial de Finmeccanica, están llamados a comparecer ante los jueces del Tribunal de Roma mañana, jueves. El fiscal Paolo Ielo lo acusa de maniobrar el desvío de hasta 25 millones de dólares, presuntamente en coimas, tras la firma de tres contratos con el Estado panameño y tres filiales de la empresa italiana Finmeccanica.
El pasado 16 de septiembre la presidenta de la Segunda Sección del Colegio de Jueces del Tribunal de Roma, Adele Rando, pospuso hasta mañana la audiencia judicial por el notable vacío que presentaba el banquillo de los acusados.
Lavítola no fue trasladado desde la cárcel de Poggioreale, en Nápoles, donde cumple prisión preventiva, hasta el aula dos del Tribunal de Roma, por un error administrativo. Tampoco estuvo presente su presunto cómplice Pozzessere.
Está previsto que la magistrada Rando pida a los peritos técnicos la transcripción de determinadas interceptaciones telefónicas relevantes que el fiscal presentará como prueba de las imputaciones a Lavítola y Pozzessere, acusados de corrupción internacional en Panamá.
Será en las próximas sesiones, a partir del 20 de noviembre, cuando los testigos empezarán a prestar declaración.
Los abogados del prestigioso estudio legal Hogan Lovells –contratados por el Estado panameño– podrán estar presentes en la sala judicial en calidad de observadores, pero no tendrán un papel activo en el proceso penal. Es decir, podrán asistir a las audiencias, pero no podrán interrogar a testigos ni imputados o acreditar con pruebas el daño y perjuicio sufridos.
Valter Lavítola ha sido condenado a 3 años y ocho meses de prisión por estafa y malversación de fondos públicos, y a 1 año y cuatro meses por extorsión a Silvio Berlusconi.
El próximo 16 de octubre deberá examinarse ante la Sexta Sección del Tribunal de Nápoles, presidida por la juez Giovanna Cepalluni, sobre la presunta extorsión a Impregilo –a instancias del entonces presidente Ricardo Martinelli– para financiar la construcción del hospital pediátrico de Veraguas, que según los fiscales era la forma de enmascarar coimas a través de un empresario norteamericano (Rogelio Oruña, que estuvo vinculado durante años a otro gran contratista del Estado panameño: IBT Group).
Además, Lavítola tiene, al menos, otras tres causas pendientes: por violación del arresto domiciliario; por presunta corrupción internacional en Panamá (causa abierta en Nápoles, Italia) y corrupción política.