NÁPOLES, Italia. -Valter Lavítola comparecerá hoy jueves ante la Sexta Sección del Colegio de Jueces del Tribunal de Nápoles, presidido por la magistrada Giovanna Cepalluni, acusado de haber extorsionado a la empresa Impregilo, a instancias del anterior gobierno de Panamá, para que costeara los 22 millones de dólares que costaba la construcción del hospital pediátrico de Veraguas.
El principal intermediario entre Italia y Panamá tendrá que explicar por qué obligó a la sociedad italiana pagarle en una cuenta secreta en Brasil hasta 70 mil dólares, dinero presuntamente utilizado para costear unas costosas vacaciones al entonces presidente Ricardo Martinelli en Cerdeña en el verano de 2011.
Está previsto que los jueces le pregunten por las amenazas y presiones ejercidas a Impregilo en nombre de Martinelli porque estaba “muy enfadado por la frustrada construcción del hospital pediátrico”, según el informe judicial consultado.
Por otro lado, deberá describir qué tipo de relación tenía con Rogelio Oruña, catalogado por los fiscales como el “testaferro y socio oculto” del ex mandatario panameño o si el hospital de Veraguas era en realidad “una modo oculto” para ofrecer coimas a Martinelli.
Lavítola lleva más de dos años y medio privado de libertad. El pasado mes de julio, funcionarios de la Guardia de Finanzas del Comando Provincial de Nápoles le confiscaron bienes por valor de más de 4 millones de dólares. En las últimas audiencias judiciales, el detenido se ha mostrado muy alterado y un poco más dispuesto a colaborar con la justicia italiana.
Actualmente, Lavítola encara otros tres juicios: en Nápoles, acusado de la compra de parlamentarios para acelerar la caída del ex primer ministro Romano Prodi; en Roma, de corrupción internacional en Panamá, y en el Tribunal de Bari, por inducción a falso testimonio.
La investigación sobre la construcción frustrada de las cárceles por parte de la Svemark en Panamá sigue bajo secreto de sumario, aunque fuentes judiciales afirman a que podrían llamar a juicio antes de final de año.
Las diversas sentencias deberían dictarse antes de final de año.