NÁPOLES, Italia. -El ex presidente de Impregilo, Massimo Ponzellini, y el ex director adjunto de esta empresa de construcción italiana, Alberto Rubegni, declararon por separado ante el colegio de jueces de la sexta sección del tribunal de Nápoles, presidido por la magistrada Giovanna Cepaluni, tras haber escuchado el audio de las interceptaciones nº1690 y nº 1701, parte del sumario judicial de las que son interlocutores.
Dichas conversaciones del 2 y 3 de agosto de 2011, cuyo tercer protagonista es el ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, evidencian fuertes amenazas por parte del presidente panameño Ricardo Martinelli para que financiaran el coste de 22 millones en la construcción del hospital de Veragüas, a cambio de futuras adjudicaciones.
“Fue una amenaza de Martinelli. El tono era amenazante”. Así de contundente se mostró Ponzellini –que declaró antes que Rubegni-, preguntado directamente por la juez Cepaluni en el aula 219, que calificó como “acto de extorsión” las advertencias de Martinelli de declarar falsamente ante la prensa que Impregilo no estaba haciendo un buen trabajo en el Canal de Panamá y provocar así una caída de sus valores en la bolsa de Milán.
Además ha puesto de manifiesto que Valter Lavítola le pidió expresamente “un reconocimiento económico para Martinelli y su entorno”. La tesis que defiende la fiscalía es que el hospital era en realidad “un mera pantalla para vehicular coimas” destinadas a Martinelli, según el informe judicial de conclusiones al que ha tenido acceso La Prensa.
Por su parte Rubegni, coimputado con Lavítola en un caso relacionado con Panamá por corrupción internacional que, al momento, sigue bajo secreto de sumario, ha declarado ante los jueces, asistido por su abogada, que le parecía del todo “extravagante” la posibilidad de que el presidente del gobierno panameño, que no está vinculado directamente con el Canal, pudiera difamar a su empresa.
Además ha puntualizado que consideró que el país era una “república bananera”, porque el ejecutivo usó “un intermediario” para quejarse de la capacidad técnica de Impregilo en las labores del Canal. “Si realmente Martinelli tenía alguna queja, tenía que haber llamado él directamente. ¿Por qué había un intermediario?”, se ha preguntado.
El ex presidente de Impregilo relató que tras recibir las advertencias de Martinelli, avisó a la autoridad de vigilancia de la Bolsa de Milán para evitar un perjuicio en sus cotizaciones. Rubegni ha afirmado con total seguridad que el presidente en funciones de Panamá no estaba en grado de hacer unas declaraciones falsas de ese tipo, y que si las hubiera hecho, hubiera presentado inmediatamente una querella por difamación.
Si bien los fiscales imputan únicamente a Lavítola por esta coacción, el nombre del presidente de Panamá ha sido repetido una y otra vez en el aula judicial de boca de los dos testigos como el artífice real de la extorsión, siendo su viejo amigo el vehículo formal de estas presiones.
La juez Ceppaluni ha mostrado especial interés en comprender por qué el Metro de Panamá, que supuestamente debía construir Impregilo, fue finalmente adjudicado al consorcio Línea 1 formado por la empresa brasileña Odebretch y la española FCC, por un precio mayor de unos 500 millones que la oferta que propuso la empresa italiana. Ambos ex dirigentes han expresado la posibilidad de que las condiciones técnicas que ofrecía el otro consorcio fueran mejores, pero no han sido capaces de precisar cuáles.
El fiscal jefe Vincenzo Piscitelli y su colega Henry John Woodcock han depositado en sede judicial tres comunicados oficiales de la Presidencia de Panamá sobre el hospital de Veraguas, ante la mirada curiosa de Lavítola, que ha sido conducido al banquillo de los acusados por agentes de la Guardia penitenciaria desde su celda en la cárcel de Poggioreale.
En la sala judicial se notó la ausencia de los dos funcionarios panameños enviados por la Procuradoría General, Greta Marchosky y Ramsés Barrera, presentes en la anterior audiencia, y que hubieran podido informar directamente a las más altas instancias gubernamentales de la seriedad de los hechos que se juzgan.
El próximo 19 de junio está previsto que declare el tres veces presidente del Consejo de Ministros italiano, Silvio Berlusconi. Su abogado Michele Cerabona depositará una memoria este fin de semana al tribunal, que podría revelar los indicios de delito que se juzgan en Nápoles.