ROMA, Italia. –La decisión del Tribunal de Roma de enviar a juicio a los acusados Paolo Pozzessere y Valter Lavítola por corrupción internacional en Panamá el 23 de junio abre la posibilidad de que el próximo gobierno panameño pueda constituirse como parte civil del proceso.
Hasta ahora, el Gobierno del presidente Ricardo Martinelli no ha querido constituirse en parte acusadora, como lo ha hecho, por ejemplo, India, en un caso similar.
Con esta acción civil, el nuevo gobierno podía dirigirse contra los dos acusados italianos, Pozzessere y Lavítola, y contra los posible funcionarios italianos partícipes de la supuesta corrupción internacional. Además de lavar el nombre de Panamá, esto permitiría al próximo Ejecutivo tener un papel activo en el proceso penal, examinar el sumario, asistir a las audiencias, interrogar a testigos e imputados y acreditar con pruebas el daño y perjuicio sufridos, según abogados de una prestigiosa firma de Roma consultados por La Prensa.
De esta manera, Panamá podría colaborar con la justicia italiana en una operación conjunta de lucha contra la corrupción internacional.
La práctica del desvío de dinero en coimas para conseguir de gobiernos extranjeros adjudicaciones de obras “era una filosofía empresarial” en Finmeccanica, según escribió el juez del tribunal de Busto Arsizio (norte de Italia), Bruno Labianca, en el sumario de la investigación de la venta fraudulenta de 12 helicópteros por parte del coloso italiano al gobierno de India.
En este proceso –muy parecido al de Panamá, pero con distintos personajes– la justicia italiana acusa al expresidente de Finmeccanica, Giuseppe Orsi y al administrador delegado de AgustaWestland, Bruno Spagnolini, de haber pagado 51 millones de euros (70 millones 991 mil 500 dólares) en coimas a funcionarios indios para suministrar los helicópteros a Nueva Delhi, por valor de 560 millones de euros (779 millones 514 mil dólares).
En este juicio, el gobierno de India no solo se ha constituido en el proceso como parte civil, sino que también ha abierto una investigación contra los funcionarios acusados de ser la parte pasiva de la corrupción o receptora de la coima. Es más, el Ejecutivo de Nueva Delhi llegó a devolver los helicópteros y cancelar los contratos de venta.
Si bien es cierto que en Panamá el delito no fue perfeccionado, al no pagarse la totalidad de la coima porque saltó el escándalo en 2011, hay sentencias previas en Europa que podrían sentar jurisprudencia.
En junio de 2013, el exprimer ministro de Eslovenia, Janez Jansa, fue condenado a dos años de prisión por aceptar el pago de una coima –que nunca llegó a pagarse– de 2 millones de euros (2 millones 783 mil 980) para ayudar a la empresa finlandesa Patria a obtener un contrato, en 2006, para comprar 135 vehículos blindados de transporte de personal, con valor de 278 millones de euros (386 millones 973 mil dólares). El desprestigio de Jansa es tal que ha terminado por recluirse en un pequeño pueblo de Los Alpes.
PRESTIGIO Y TRATADOS INTERNACIONALES
No solo los juristas italianos opinan que Panamá podría constituirse en parte civil en este proceso, ya que el presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, planteó en un comunicado hoy que el país ha firmado tratados internacionales contra la corrupción, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, “hecho leyes de la República de Panamá”.
“Es una pena que mientras el gobierno de India ha puesto querellantes, como parte afectada o lastimada en el proceso en Italia, contra Finmeccanica y Lavítola por el mismo tipo de delito de ‘corrupción internacional’ (sobre costos, coimas, etc., en compra y venta de equipos), en Panamá se haya procedido a cerrar las investigaciones, afortunadamente, provisionalmente, mucho menos constituido un equipo legal para que represente los intereses de la Nación”, destacó Álvarez.
Sin embargo, recordó que el llamado a juicio a Lavítola por el delito de corrupción internacional en Panamá permite su reapertura (tanto las de Finmeccanica y de Svermark).“Pero claro, con buenas y contundentes pruebas que lo justifiquen y que no dudo ya existen en el expediente italiano y que el gobierno italiano está obligado a proporcionar a Panamá si éste lo solicita, en base a los tratados en contra la corrupción firmados por ambos países”.