Alianza pide crear comisión que investigue entrega millonaria de partidas

Una investigación publicada hoy en 'La Prensa', revela que el Programa de Ayuda Nacional (PAN) asignó millones de dólares para uso exclusivo de los diputados oficialistas durante enero a abril de este año.

La Alianza Ciudadana Pro Justicia solicitó hoy, 4 de junio, a Abigail Benzadón, directora general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso Público a la Información, que instale lo más pronto una comisión técnica para que investigue el escándalo de la entrega de partidas millonarias a las juntas comunales para supuesto proselitismo político durante las pasadas elecciones.

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Carlos Afú, de los más favorecidos con el PAN

De acuerdo a Magaly Castillo, directora ejecutiva de Alianza, en las últimas semanas se han divulgado a través de los medios de comunicación información sobre la transferencia de partidas millonarias, durante los años 2013 y 2014, a varias juntas comunales por parte del Ministerio de Economía y Finanzas "sin que se conozca en qué fueron utilizados estos recursos y si existió un adecuado control sobre su manejo".

Una investigación publicada hoy en La Prensa, revela que el Programa de Ayuda Nacional (PAN) asignó millones de dólares para uso exclusivo de los diputados oficialistas durante enero a abril de este año.

El dinero se utilizó para comprar bolsas con comida, útiles escolares y deportivos, materiales de construcción y electrodomésticos que serían regalados por los diputados en pleno torneo electoral.

Las millonarias asignaciones, de acuerdo a la investigación, provenían del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que dirige Frank De Lima. Esta entidad transfirió al PAN, entre 2010 y 2011, la suma de 155 millones de dólares en concepto de partidas circuitales para uso exclusivo de diputados oficialistas y de oposición.

De acuerdo a Castillo, la comunidad panameña tiene el derecho de conocer el manejo que le dieron las juntas comunales a "estas sumas millonarias".

Por ello, agregó, el trabajo de la comisión -que estaría integrada por representantes de la sociedad civil- debe ir encaminada a tener acceso a la información, hacer propuestas para "frenar este tipo de manejo sin control de los recursos del Estado y en el caso de que se encuentren indicios de la comisión de hechos delictivos las mismas puedan ser remitidas a las autoridades administrativas y judiciales competentes".

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