Un día después de que el expresidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez informara que se solicitó una fianza de excarcelación a favor de exasambleísta Tito Galo Lara Yépez, la embajada de Ecuador en Panamá reiteró que el político -detenido en la cárcel La Joya- no es un perseguido político.
A través de un comunicado, la embajada informó que Galo Lara Yépez fue detenido por las autoridades panameñas una vez Ecuador aportó “las pruebas necesarias para demostrar que el mencionado ciudadano ecuatoriano fue condenado el 2 de septiembre de 2013, por la justicia ecuatoriana por ser el autor intelectual de un triple asesinato ocurrido en la población de Quinsaloma, provincia de los Ríos, el 4 de agosto de 2011”.
Agrega la oficina diplomática que “durante ese crimen, un padre, una madre y su pequeño hijo fueron asesinados por sicarios quienes confesaron fue que el señor Galo Lara y su esposa quienes los contrataron”.
Recordaron que el exasambleísta fue condenado a 10 años de prisión pero “escapó de la justicia ecuatoriana y solicitó asilo político, aunque como se ha comprobado, se trata de un delincuente común sentenciado en estricto apego al debido proceso por parte del sistema judicial del Ecuador”.
Destaca que el Gobierno de Ecuador ha procurado que se le garantice el respeto de los derechos humanos a Galo Lara Yépez así como el cumplimiento de todos lo requisitos necesarios para continuar el proceso de extradición del político.
“Insinuar que la detención e inicio de la extradición del señor Lara responde a condicionamientos no apegados a la ley, es por decir lo menos una falta de respeto a la memoria de una familia asesinada que merece justicia, y más aún un atentando a la soberanía e independencia del Estado panameño”, dice el comunicado.
En mayo pasado, Lara Yépez perdió su derecho de asilo en Panamá, otorgado en octubre de 2013, luego de que la Cancillería, basada en documentación remitida por Ecuador, revocó el beneficio al constatar “nuevos elementos procesales que dan certeza de la existencia de delitos comunes y no a una persecución política”.
El exparlamentario –que recientemente fue trasladado a la cárcel La Joya- es requerido en su país para que cumpla una condena de 10 años por complicidad en un triple homicidio.