En la víspera de la audiencia de imputación de cargos a Alejandro Moncada Luna, la defensa del magistrado presentó un nuevo recurso para intentar detener la investigación por presunto enriquecimiento injustificado.
El abogado Sidney Sitttón informó que a las 11:45 a.m. presentó ante la subcomisión de Garantías de la Asamblea una advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 468 del Código Procesal Penal, ya que, a su modo de ver, viola el artículo 160 de la Constitución.
“La Constitución dice que es función de la Asamblea juzgar a los magistrados y la propia Constitución dice que la Asamblea debe estar compuesta por 71 diputados. Por ende, no son tres diputadas las que pueden juzgar ni tomar medidas contra un magistrado ni mucho menos está la Asamblea completa para procesar a nadie”, sustentó Sittón.
Las tres diputadas a las que se refiere el defensor son Kathleen Levy, Zulay Rodríguez y Ana Matilde Gómez, quienes actúan como juezas de garantías dentro del proceso de investigación.
A las dos últimas Sittón pretende apartarlas de la causa, a través de impedimento y un recurso de recusación, respectivamente. Sittón pide que el expediente de su cliente sea enviado a la Corte, que ayer, casualmente, falló en contra de dos recursos presentados por la defensa del magistrado: un amparo de garantías constitucionales y una advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 56 del Código Procesal Penal.
La audiencia de imputación de cargos está fijada para hoy, a las 4:00 p.m.
Moncada Luna es investigado luego de que el pasado 8 de octubre los miembros de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales admitieran una denuncia contra el magistrado, presentada por la junta directiva del Colegio Nacional de Abogados con el apoyo de la Alianza Ciudadana Pro Justicia.
La Prensa publicó el pasado 30 de septiembre que Moncada Luna, siendo magistrado, compró dos apartamentos en San Francisco valorados en 1.7 millón de dólares, los cuales ya canceló.
El apartamento de la Corporación Alpil, S.A., valorado en un millón 179 dólares, fue cancelado al contado por el magistrado.