La Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) de Colombia pidieron hoy, 16 de agosto, al Gobierno de Panamá reconsiderar la decisión de rechazar por segunda ocasión la solicitud de extraditar a María del Pilar Hurtado, exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) colombiano.
Las organizaciones “lamentaron” el anuncio de la Cancillería panameña, este jueves 14 de agosto de no admitir la solicitud del Gobierno de Colombia, y pidieron reconsiderar la decisión “en el menor lapso posible”.
A través de un comunicado, la FIDH y el Cajar recordaron que denunciaron al Estado de Panamá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “por otorgar irregularmente asilo político a una persona acusada de delitos comunes que conllevaron graves violaciones a los derechos humanos”.
Destacan que Hurtado es investigada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia por apropiación, falsedad ideológica, abuso de función pública, violación ilícita de comunicaciones y concierto para delinquir, así como por seguimientos e interceptaciones ilegales durante el tiempo que fue directora del DAS, en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).
“Con esta decisión el presidente [Juan Carlos Varela] no solo imposibilita que Hurtado sea investigada y juzgada como corresponde por los delitos que cometió, sino que compromete la imparcialidad y respeto por los derechos humanos de su propio gobierno”, señaló Luis Guillermo Pérez, presidente del Cajar y abogado de las víctimas del proceso DAS en Colombia.
“Es una clara señal del rumbo que está adoptando su administración en esta materia”, agregó.
La Cancillería, a través de un comunicado, destacó que la decisión fue tomada en base a “que las leyes panameñas y convenios internacionales impiden a Panamá conceder una extradición que ha sido negada anteriormente con los mismos fundamentos y respecto a la misma persona, tal como fue el caso en mención”.
Reiteró, a su vez, que Hurtado -quien llegó al país en noviembre de 2010- perdió su estatus de asilada política en julio pasado luego de que la Corte Suprema de Justicia lo declara inconstitucional.
En febrero de 2012, la Cancillería de la República rechazó la solicitud de extradición de Hurtado al considerarla como “no viable”.