Sin acuerdos. Así concluyó hoy la reunión entre representantes del Gobierno panameño y Selex, subsidiaria del consorcio italiano Finmeccanica, referente a la compra de 19 radares por $125 millones, en el año 2010.
Tras varias horas de reunión, el ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, informó que la empresa propuso elaborar una hoja de ruta (“blue print”) para llegar a un acuerdo luego que el Gobierno se quejara por la inefectividad de los radares para detectar las lanchas rápidas que utilizan los narcotraficantes para transportar su mercancía.
Panamá, en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), adquirió los radares precisamente con el argumento de combatir el tráfico de estupefacientes. Aguilera sostuvo que Panamá mantiene su disposición de emprender acciones legales por “corrupción o cohecho, local o internacionalmente”, aunque considerará la propuesta planteada hoy por Finmeccanica.
“Para Panamá este no es solo un tema contractual, es también uno de orgullo y dignidad nacional en donde está en juego el respeto por nuestro país”, señaló el ministro, al término de la reunión.
Junto a Aguilera estuvo el embajador de Panamá en Italia, Fernando Berguido. Igualmente participaron abogados de la firma forense Tapia, Linares y Alfaro como apoderados del Ministerio de Seguridad Pública; Gina Latoni, asesora de la vicepresidenta de la República y canciller, y Farah Urrutia, del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Por Selex participaron Gianpiero Lorandi y Paolo Laboni, directores de Mercadeo y de Seguridad Nacional, respectivamente, y su secretario general, Federico Bonaiuto.
Por Finmeccanica concurrieron Andrea Parrella, abogado general del grupo, y la firma local que los representa, Patton, Moreno y Asvat.
Representantes de Selex “recalcaron el interés y compromiso de la empresa en resolver los inconvenientes para detectar las embarcaciones dedicadas al tráfico ilícito de estupefacientes, que presenta el sistema contratado por la República de Panamá, en aras a que sea de utilidad”, comunicó el Ministerio de Seguridad, a través de una nota de prensa.
El ministro, por su lado, informó que darán una respuesta a la propuesta de Finmeccanica, una vez ésta sea discutida con sus abogados en Italia.
Actualmente, en el Tribunal de Roma, Italia, se lleva a cabo un proceso a Valter Lavítola por el presunto desvío de 25 millones de dólares en coimas por las adjudicaciones a Finmeccanica.
El juicio está convocado para la próxima semana. Además de los radares, el gobierno de Martinelli adquirió seis helicópteros y un mapa cartográfico digital, por un costo total de $250 millones.
