piden investigación transparente

Marcha blanca por la paz

Unas 2 mil 500 personas, según datos de la Policía, participaron en la marcha organizada por la comunidad hindú por la muerte de dos menores en San Carlos.

Miembros de la comunidad hindú en Panamá, representantes de gremios y de la sociedad civil exigieron ayer al gobierno del presidente, Ricardo Martinelli, que aplique reformas a la ley orgánica que rige la Policía Nacional para que se evite el abuso de la fuerza, lo que ocasionó la muerte de dos menores, el pasado 23 de octubre, en San Carlos, Panamá oeste.

Esta fue parte de las solicitudes hechas durante la denominada marcha por la paz, la cual fue convocada por la colonia hindú y cuyos participantes vestían de blanco. Miles de personas partieron a las 5:00 p.m. del parque Mahatma Gandhi en la plaza 5 de Mayo, y recorrieron la peatonal de la avenida Central.

Durante la caminata que demoró 45 minutos y que concluyó en el sector de calle 17 y 18, Santa Ana, voceros de esta comunidad exigieron resultados transparentes en las investigaciones sobre este caso que se adelantan en el Ministerio Público y la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) de la Policía Nacional.

Rosa Shahani, una de las portavoces de la comunidad hindú, reprochó que la negligencia en la actuación de la policía ocasionara la muerte de un niño de 2 años y de una joven de 15.

Shahani planteó que es necesario hacer una revisión de la ejecución de los denominados retenes policiales (ver infografía) y de la forma como se emplea la fuerza letal por parte de los funcionarios de los distintos estamentos de seguridad del país.

También pidió que se considere como un agravante en estos casos, que los funcionarios de la fuerza pública no utilicen sus uniformes oficiales cuando están de servicio.

De igual forma dijo que se hace necesario que el director de la Policía Nacional, Julio Moltó, rinda una explicación seria, responsable y oficial de los hechos ocurridos en San Carlos, para evitar suspicacias.

“Solo con una revisión integral de la ley de la Policía se pueden evitar futuros abusos como este”, expresó.

Por su parte, la exprocuradora de la Nación Ana Matilde Gómez, quien participó de la marcha, coincidió con el planteamiento de llevar a cabo una revisión integral de la ley policial para resguardar la seguridad de los ciudadanos y que los funcionarios de esta institución desarrollen sus obligaciones de manera más profesional.

En tanto, el catedrático universitario Miguel Antonio Bernal exigió la renuncia inmediata del ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, y de Moltó, a quienes responsabilizó de los constantes abusos cometidos por la policía en el cumplimiento de sus funciones.

En Chitré, Herrera; Santiago, Veraguas y San Carlos también hubo marchas.

DEROGACIÓN

En tanto, diputados de las bancadas de los opositores Partido Panameñista y Partido Revolucionario Democrático (PRD) presentaron ayer dos anteproyectos de ley con el fin de derogar el artículo 127 de la Ley 18 de 1997, en la cual no se admite la detención preventiva de miembros de la fuerza pública señalados por la comisión de delitos ejecutados en el cumplimiento del deber, a los cuales se les asignan trabajos administrativos mientras dura el proceso de investigación.

Ambas propuestas surgen luego de los hechos suscitados en San Carlos.

El diputado panameñista Luis Eduardo Quirós expresó que se hace necesario derogar dicho artículo porque se utiliza como un instrumento para la impunidad.

A su vez, su homólogo perredista Leandro Ávila sostuvo que los antecedentes de actos de violencia cometidos por la Policía hacen obligatoria una reforma a la norma que regula a la institución.

DRP, EN LA LUPA

Ávila y otros miembros de su bancada también presentaron otro anteproyecto de ley para que a la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) de la Policía se le integre un miembro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), un integrante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), un miembro del Colegio Nacional de Abogados y el defensor del Pueblo.

Según Ávila, actualmente la Policía Nacional es juez y parte en los procesos de investigación en contra de los miembros que han cometido actuaciones irregulares.

INDAGATORIAS

Mientras que fuentes del Ministerio Público informaron que los dos funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) que están acusados por la muerte de los dos menores de edad, serán llevados este jueves ante la División de Homicidios de la Fiscalía Auxiliar para intentar, por segunda ocasión, que rindan indagatoria por el cargo de homicidio doloso que se les ha imputado.

Se conoció que los dos sindicados prefirieron acogerse a su derecho de no declarar inicialmente, debido a que no tenía abogados que los representaran.

Otras fuentes consultadas indicaron que la exfiscal Guillermina McDonald se encargará de la defensa.

Presidencia: habrá justicia para todos

Cinco días después del suceso en el que agentes de la Policía Nacional (PN) ultimaron a un niño de 2 años y a una joven de 15, ambos de origen hindú, en un retén policial en San Carlos, la Presidencia de la República envió ayer un comunicado para afirmar que “las investigaciones se realizan sin fueros que conduzcan a la impunidad; lo que permitirá hacer justicia para todos”.

La Presidencia señala que el Gobierno “continuará haciendo todo lo necesario para que los hechos se esclarezcan con la mayor prontitud”.

El pronunciamiento oficial se dio una hora antes de que saliera la marcha por la paz realizada por la comunidad hindú y de la que el Gobierno aseguró que esperaba se desarrollara pacíficamente. Sobre el incidente, Menalco Solís, exdirector del Consejo de Seguridad, opinó que respondea la falta de preparación de los agentes de la Policía.

“Hay falta de protocolo, de adiestramiento y disciplina. Es un abuso de los derechos humanos. La PN solo puede desenfundar cuando la vida de ellos y de otros esté en peligro, pero no cuando le viene en gana”, dijo Solís. Indicó que la ciudadanía tiene temor de la policía, en vez de sentirse segura.

LUIS BURÓN-BARAHONA

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