Con el exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, ya son nueve los exfuncionarios de alta jerarquía del gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) que enfrentan procesos judiciales por presunto enriquecimiento injustificado.
Además, hay otros tres exfuncionarios de aquel periodo presidencial que, aunque no han sido penalmente imputados, tienen bienes secuestrados por la Contraloría General de la República.
Las cifras que la Contraloría y el Ministerio Público atribuyen a este grupo de hombres y mujeres que un día tomaron decisiones desde cargos con poder, suman cerca de $7.7 millones.
Pero si se suman los tres casos administrativos, el monto total es de $9.7 millones.
Los que pasan de $500,000
Seis de los procesados habrían acumulado un patrimonio que superan los $500 mil.
José Gabriel Carrizo, exvicepresidente, exministro de la Presidencia y excandidato presidencial del PRD en mayo de 2024, encabeza la lista con $1.9 millones en ingresos que no ha podido justificar. Está con medida cautelar de detención domiciliaria.
Mientras que Noriel Araúz, exadministrador Autoridad Marítima de Panamá (AMP), está procesado por supuestamente no sustentar $1,322,234.38.
Araúz esta detenido provisionalmente, dado que el Tribunal Superior de Apelaciones considero que existe el riesgo de fuga por los constantes viajes que realizó a Paraguay. Según el administrador de la AMP, esos viajes estaban ligados a la búsqueda de oportunidades laborales.
La fiscalía sustentó que, cuando estaba al frente de la AMP, acumuló un abultado patrimonio, con inmuebles en los corregimientos de Betania, Pueblo Nuevo y Amelia Denis de Icaza, y en la provincia de Chiriquí.
Otro exfuncionario investigado por presunto enriquecimiento injustificado es Luis Oliva, antiguo administrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG).
Desde la AIG se desarrollaron soluciones tecnológicas para sostener la atención pública y facilitar la entrega de las ayudas del gobierno de Cortizo a la población afectada por la pandemia de la covid-19, entre ellas el Vale Digital, que permitió que los beneficiados pudieran retirar los fondos utilizando su cédula.
Oliva, de acuerdo con el Ministerio Público, no ha podido justificar $957,397.
En tanto que Zenia Vásquez, secretaria general de la Contraloría, es otra que está en la mira de las autoridades por supuestamente no sustentar de dónde salieron $771,137 que ingresaron a su patrimonio cuando era funcionaria.
La fiscalía sustentó ante un Juzgado de Garantías que Vásquez no ha podido establecer la procedencia de esos fondos y que los recursos obtenidos como secretaria general son inferiores a los montos encontrados en una auditoría forense que realizó personal de la Contraloría.
El secretario general de Contraloría tiene asignado un pago de $6,800 al mes, que se desglosa en $3,800 como salario y $3,000 como “gasto”.
Publio De Gracia, quien fue director general de Ingresos (DGI), tampoco ha podido justificar parte de su patrimonio. En su caso, se desconoce el origen de $724,682.
Con De Gracia son investigadas su esposa Elaine Salteiro y a su antigua pareja Ninoshka Ríos. Ambas recibieron fondos obtenidos por el exdirector de la DGI.
Mientras que Héctor Brands, quien dirigió el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) entre julio de 2019 y febrero de 2023, está en la mira de las autoridades por un supuesto enriquecimiento injustificado cuyo monto se calcula en $649,292. Así lo estableció una auditoría de la Contraloría.
Otros casos
El registro de los procesados por enriquecimiento injustificado también tiene en el radar a Maritza Ureña, quien fungió como subdirectora de la DGI, con $428,000 que presuntamente no ha podido justificar.
La exfuncionaria, de acuerdo con la Contraloría, habría movido $1 millón 13 mil, de los cuales solo pudo justificar $585 mil.
Mientras que Bernardo Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), también está en el grupo de investigados. La auditoría forense encontró $419,331 cuyo origen es incierto.
Tres no han llegado al Ministerio Público
Por lo pronto hay tres casos que no han llegado al Ministerio Público.
Se trata de los expedientes de José Alejandro Rojas Pardini, exministro consejero para la inversión privada, a quien la Contraloría le secuestró bienes por $774,462.64.
La entidad fiscalizadora de fondos públicos también secuestró bienes, fondos, vehículos y otros activos a Rafael Sabonge, exministro de Obras Públicas, que suman $704,452.61.
Sabonge y Rojas son socios en varios proyectos inmobiliarios y enfrentan varios reclamos y procesos civiles.
La mujer que un día fue la secretaria privada de Cortizo, Nadia Del Río, está en esa lista. Tiene bienes secuestrados por $576,768.86.
Santa María y Costa del Este
Dos de los exfuncionarios procesados por presunto enriquecimiento injustificado tienen propiedades en Santa María, una de las zonas residenciales más exclusivas del este de la capital.
La mañana del pasado 6 de octubre, la investigación llevó a la fiscalía hasta ese sector. Allí fue aprehendido Enrique Lau Cortés, en el PH Empire. Durante el allanamiento, las autoridades encontraron documentos y bienes que ahora forman parte de los elementos de la investigación.
En Santa María también está una de las propiedades vinculadas a Zenia Vásquez. En diciembre de 2023, adquirió un inmueble valorado en $732,500, respaldado por una hipoteca de $253,000 con la Caja de Ahorros.
Sabonge y Rojas Pardini también tienen apartamentos en Santa María.
El mapa inmobiliario de los investigados se extiende a otras zonas de alto valor. José Gabriel Carrizo, exvicepresidente de la República, tiene un apartamento en el PH Marea 1, en Costa del Este, mientras que Publio De Gracia adquirió un un penthouse valorado en casi $1 millón en PH Costanera.
