A partir de las 9:00 a.m. de este viernes 24 de noviembre, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha sido convocado para iniciar la sesión permanente en la cual analizarán las demandas de inconstitucionalidad interpuestas por los abogados Juan Ramón Sevillano y Martita Cornejo en contra de la Ley 406 de 20 de octubre de 2023 que adopta el contrato entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá.
El citado contrato ha sido el detonante de una serie de manifestaciones y cierres viales en todo el país, crisis que ya cumplió un mes.
Sobre estas demandas presentadas en la Corte, se informó que a las 5:00 p.m. de este jueves 23 de noviembre finalizó el término para recibir los argumentos por escrito presentados por los demandantes y personas interesadas o no en la inconstitucionalidad de la Ley 406.
“Desde el pasado 13 de noviembre y hasta la fecha se recibieron 89 argumentos en la primera demanda admitida y 37 argumentos en la segunda demanda admitida por los magistrados, a quienes les fueron adjudicadas mediante reparto equitativo y aleatorios”, informó el Órgano Judicial en un comunicado.
La duración de la sesión permanente convocada para este viernes 24 de noviembre “dependerá del tiempo que tome el análisis, debate y discusión del proyecto por parte de los magistrados y magistradas del pleno de la CSJ”, integrado por los magistrados María Eugenia López Arias (presidenta), Olmedo Arrocha Osorio (vicepresidente), Carlos Alberto Vásquez Reyes (presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral), Ángela Russo de Cedeño, Miriam Yadira Cheng Rosas, Maribel Cornejo Batista, Cecilio Antonio Cedalise Riquelme, María Cristina Chen Stanziola y Ariadne Maribel García Angulo.
“Inmediatamente se adopte una decisión, ésta se dará a conocer”, subrayó el comunicado del Judicial.
Pleno de la Corte Suprema de Justicia inicia mañana sesión permanente
— OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) November 24, 2023
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El contrato con Minera Panamá fue autorizado por el Consejo de Gabinete el 10 de octubre de 2023; refrendado por el contralor Gerardo Solís el 13 de octubre; presentado a la Asamblea Nacional el 16 de octubre, y, finalmente, aprobado en tercer debate, sancionado por el presidente Laurentino Cortizo y promulgado en Gaceta Oficial el 20 de octubre, todo el mismo día.
