Son tres los nuevos centros penitenciarios que el Gobierno pretende construir en los próximos meses.
Las obras tendrán un costo total de $392 millones y una de ellas se desarrollará bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP).
“¿Que si es una inversión fuerte? Sí. Porque el país lo necesita”, justificó la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, en momentos en que el Sistema Penitenciario enfrenta una crisis marcada por la fuga de 195 reos de la cárcel La Joyita y el hacinamiento en los centros penales.
La ministra explicó que el ministerio afina los detalles para publicar en los próximos días el acto público para el diseño y construcción de un Centro Penitenciario de Máxima Seguridad bajo la modalidad APP.
El costo de esta cárcel será de aproximadamente $130 millones, según informó Jorge Torregroza, director del Sistema Penitenciario.
El centro tendrá capacidad para albergar a unas 2,000 personas y estará ubicado cerca del actual complejo penitenciario La Joya, en el corregimiento de Las Garzas.
Penal en Divisa
El pasado 8 de junio, el Ministerio de Gobierno (Mingob) lanzó la licitación para la construcción de una nueva cárcel en el interior del país. Se trata del proyecto para el diseño, construcción y mantenimiento del nuevo Complejo Penitenciario de Provincias Centrales, cuyo precio de referencia es de $177.2 millones.
El proyecto se desarrollará en el sector de Divisa, corregimiento de Los Canelos, provincia de Herrera, y tendrá capacidad para albergar a 3,000 privados de libertad.
Además, contará con instalaciones para aproximadamente 450 custodios. El penal incluirá pabellones diferenciados según el perfil de la población penitenciaria. Por ejemplo, los privados de libertad de mínima y mediana seguridad serán alojados en dormitorios colectivos con capacidad para seis personas, mientras que los internos de alta peligrosidad permanecerán en celdas individuales sometidas a mayores niveles de control.
También dispondrá de una escuela y un taller de formación en distintas disciplinas básicas, como construcción y plomería.
Sin embargo, las autoridades locales se oponen a la construcción del centro. Iván De León, alcalde de Santa María, aseguró que la comunidad rechaza el proyecto.
“Aquí hay centros educativos importantes, como el Instituto Nacional de Agricultura y el Instituto de Artes Mecánicas. Además, hay que tomar en cuenta el impacto ambiental, porque tenemos el río Cañazas y el río Santa María”, señaló.
Según De León, Divisa es la puerta de entrada a la región de Azuero y no debería convertirse en “el patio trasero” de la península.
“Imagínese una cárcel en la entrada”, cuestionó.
Ante esta situación, el Concejo Municipal solicitó una reunión con la ministra Montalvo para buscar un acuerdo.
Cárcel de rehabilitación
A finales de mayo, el Mingob también publicó la licitación para la construcción de un complejo penitenciario especializado en resarcimiento y rehabilitación, cuyo precio de referencia asciende a $85 millones.
El centro tendrá capacidad para albergar a 2,500 personas preliberadas, es decir, que se encuentren en la etapa final del cumplimiento de sus condenas, bajo un régimen diferenciado de confianza y prelibertad. Estará ubicado frente al complejo penitenciario La Joya.
“Serán cinco centros penitenciarios los que esta administración debería dejar construidos o con un avance significativo en su construcción”, explicó la ministra Montalvo.
En enero pasado, el presidente José Raúl Mulino inauguró el nuevo Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda (CEFERE), obra desarrollada bajo el esquema APP por $22.4 millones y con capacidad para albergar a 520 privadas de libertad.
