El abogado Ernesto Cedeño acudió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a fin de aportar más pruebas a la denuncia penal que presentó la semana pasada contra el diputado presidente Rubén De León, por el desembolso de $14 millones en donaciones y $69 millones en contratos por servicios profesionales con presupuesto de la Asamblea Nacional.
Este martes 21 de marzo, Cedeño presentó a la CSJ un USB con el audio de las declaraciones que Aquilino Vega, Celideth Acosta, Delsa Thompson, Fulvia Acosta y Héctor Marín ofrecieron a La Prensa, como parte de la investigación periodística sobre las irregularidades en los subsidios y donaciones otorgados por los diputados entre julio de 2014 y el 3 de marzo de 2017.
El pasado 16 de marzo, el pleno de la CSJ declaró inconstitucional el Decreto 441 expedido en octubre pasado por la Contraloría General de la República, para "regular" los donaciones y subsidios que entregan los diputados. El pleno alegó que el Decreto regula una materia que es inconstitucional, ya que las donaciones que entrega la Asamblea Nacional no están amparadas bajo norma alguna.
"Es importante no dejar las cosas en la impunidad. Ya la CSJ decidió sobre la inconstitucionalidad de las donaciones de los diputados. Eso quiere decir que una vez el fallo quede en firme, los donaciones en el futuro no se van a hacer y las que se hicieron en buena lid serán procedentes. Pero las que no llegaron a su destinatario, esas hay que investigarlas", dijo Cedeño.
Recalcó que a la CSJ le quedan nueve días para pronunciarse sobre la admisión o no de la denuncia contra De León. El caso debe ser decidido por el magistrado ponente Cecilio Cedalise.
"Todo Panamá está indignado, pero el único que puede investigar a un diputado es la CSJ, porque ya el Ministerio Público dijo que no iba a investigar ni a los que no son diputados y que se mencionan en la investigación periodística", remarcó.
Al admitir la denuncia, el pleno debe designar un magistrado para que ejerza las funciones de fiscal y otro para que actúe como juez de garantías.
"Ese fiscal puede hacer una invitación, como hizo recientemente el Ministerio Público en el caso Odebrecht, de llamar a todos los que han sido burlados, para que declaren y eso puede fortalecer la investigación", indicó.