Las víctimas y los abogados querellantes dentro del proceso seguido por la interceptación de comunicaciones en el gobierno pasado solicitaron este viernes, 4 de marzo, al magistrado juez Jerónimo Mejía que acelere la orden de detención provisional dictada contra Ricardo Martinelli Berrocal, expresidente de la República y actual diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Rosendo Rivera, exabogado de Martinelli y víctima de los pinchazos, acudió a la oficina judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), junto a los juristas Carlos Herrera Morán, Roberto García, Rodolfo Pinzón, Cecilia Torres y Francisco Carreira Pittí, que representan a las víctimas querellantes Mauro Zúñiga, Mitchell Doens, Balbina Herrera, Rubén Polanco y Juan Carlos Navarro, respectivamente.
Ahí, el grupo presentó un impulso procesal para agilizar la aprehensión del exgobernante panameño, quien salió de Panamá el 28 de enero de 2015 y más nunca ha retornado.
En dicha petición exhortaron a Mejía a que se dé cumplimiento a la decisión tomada por el pleno de la CSJ, el 21 de diciembre pasado, cuando se ordenó la detención preventiva de Martinelli. Diez días antes, Mejía lo había declarado "en rebeldía", dado que no se presentó a una audiencia convocada en esa fecha, a pesar de estar debidamente notificado.
"Han transcurrido más de dos meses desde que la Corte Suprema de Justicia dictó la orden de detención provisional sin que a la fecha su despacho haya girado los oficios correspondientes”, se indica en el escrito dirigido al magistrado juez de garantías.
También plantearon que no se ha incorporado a la carpeta penal las solicitudes de "alerta roja" a Interpol o de extradición, tendiente a capturar a Martinelli, quien supuestamente se encuentra en Miami, Estados Unidos.
Según los abogados, las demoras para que se cumpla con la orden de detención provisional resultan "injustas" y contrarias al estado de derecho.
A finales del mes de enero pasado, Mejía puso en conocimiento de las víctimas que se estaba en el proceso de traducción al inglés de “más o menos” 2 mil páginas relacionadas a este caso.
A Martinelli se le acusa de espiar las comunicaciones de, al menos, 150 personas a través del Consejo de Seguridad Nacional, por lo que se le investiga por la supuesta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto, el derecho a la intimidad y peculado.