Afectados por el consumo masivo de medicamentos contaminados con dietilenglicol efectuaron un piquete este lunes 1 de agosto en la Corte Suprema de Justicia.
Esto, a raíz del fallo conocido el pasado viernes que liberó de cargos a exfuncionarios que ocupaban altos cargos en la Caja de Seguro Social (CSS) al momento de registrarse el envenenamiento en 2006.
"Nosotros hemos hablado con el resto de los abogados de la querella, con las víctimas, y la decisión es de apelar", informó Antonio Vargas, quien representó a los sobrevivientes agrupados en el Comité por el Derecho a la Salud y la Vida.
Vargas dejó claro que se tienen que agotar todas las vías internas, ante las sanciones “pírricas” e injustas tomadas por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.
Dijo que durante la audiencia –que empezó el 21 de marzo y culminó el 8 de abril pasado– se practicaron pruebas que demostraron “la responsabilidad de cada uno de los que estaban allí y otros que no habían sido llamados”.
Después de 10 años de la tragedia y la audiencia de 30 días, entonces “¿cómo se pudo justificar la absolución de unos y la condena de otros?”, cuestionó Vargas. “¿Cuál es el razonamiento del tribunal frente a a esto?”, añadió.
A su juicio, el fallo demuestra que el sistema de administración de justicia nuevamente pareciera que tiene un problema estructural que no ha podido solucionar.
De igual forma, Vargas anunció que se va a emprender una campaña, tanto nacional como internacional, para denunciar el fallo y revertirlo, por lo que esperan el respaldo de la sociedad civil organizada.
Agregó que la ciudadanía debe comprender que no se puede estar complacido con el fallo de este caso que representó una tragedia “histórica” que sigue teniendo un gran número de afectados en el país.
En tanto, Daniel Sarmiento, del Comité por el Derecho a la Salud y la Vida, dijo que el fallo no les deja otra salida que efectuar protestas en las calles. "Abajo esa sentencia aberrante… no nos vamos a detener hasta conseguir justicia", aseguró.
La sentencia absolvió a René Luciani, quien fungía como director de la CSS cuando se dio a conocer el caso; Linda Thomas, exjefa del Laboratorio de Medicinas de la CSS; y a Pablo Solís González, exdirector de Farmacia y Drogas de la entidad.
También benefició a Teófilo Gateno, representante legal de la empresa que aprobó el financiamiento a Medicom, compañía que vendió el producto; y a Josefa De La Cruz, directiva de Medicom.
Además, el fallo declaró penalmente responsable por el delito contra la salud pública y condenó a 12 meses de prisión a Edward Enrique Taylor, exfuncionario del Departamento de Control de Calidad de la CSS; Miguel Algandona, exanalista de laboratorio; Nereida Quintero, exdirectora de Abastos de la CSS, y a Marta Cristelly Sánchez, quien también fungió como directora de Abastos.
Ángel De La Cruz, dueño de Medicom –la que entregó a la CSS el dietilenglicol en vez de glicerina pura–, deberá pagar cinco años de prisión y 6 mil dólares en concepto de días multa. El envenenamiento masivo ocasionó la muerte de más de un centenar de personas.
