Pocos días después de que se le cambiara la medida cautelar de arresto domiciliario, el exrector de la Universidad de Panamá (UP) Gustavo García de Paredes celebró su libertad con un homenaje realizado en la sede de la Asociación de Profesores de la UP, el 29 de diciembre de 2017, en el cual participaron autoridades, profesores y funcionarios de la casa de estudios superiores.
En la actividad, que tuvo lugar dentro de los predios de la UP, incluso participó el actual rector, Eduardo Flores, su mayor crítico y oponente en las pasadas elecciones universitarias.
García de Paredes –quien dirigió durante 19 años la máxima casa de estudios– tenía una medida cautelar de prohibición de salida de su residencia desde agosto del año pasado por un proceso en el que se investiga el arrendamiento de terrenos propiedad de esta casa de estudios superiores, en Tocumen, al Consorcio Pacífico Atlántico (liderado por el empresario Herman Bern), transacción en la que la UP perdió $8.5 millones, según la Contraloría General de la República (CGR).
No obstante, el 24 de diciembre al exrector de la UP le fue concedido un habeas corpus y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sustituyó la medida cautelar de arresto domiciliario por una de impedimento de salida del país y notificación quincenal.
El alquiler por el que se le aplicó la medida restrictiva de su libertad no fue el único autorizado bajo sus cinco periodos de mandato. La CGR contabilizó una lesión de $18 millones por tres contratos de arrendamiento que suman 66 hectáreas en Tocumen (incluyendo las del citado consorcio).
También se vendieron terrenos durante su gestión, en transacciones que han sido cuestionadas y que son objeto de investigación, como el de la avenida Martín Sosa.García de Paredes enfrenta, además, al menos seis denuncias por supuestas irregularidades durante su gestión, entre estas, por la posible afectación del patrimonio por obras que no se hicieron en la Facultad de Odontología, el desvío de fondos universitarios a la Fundación Universidad de Panamá, y perjuicios por $3.5 millones en la construcción de los Centros de Innovación y Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento en siete sedes universitarias regionales. Por esto último, el Tribunal de Cuentas ordenó secuestrar sus bienes y cuentas por $3.2 millones. La acción no pudo ser aplicada porque García de Paredes no tiene bienes a su nombre.
