La Alianza Ciudadana Pro Justicia, respaldada por otros grupos de la sociedad civil organizada, reiteró al Gobierno su solicitud de que se establezca una comisión internacional contra la impunidad que acompañe la investigación del caso Odebrecht.
Esto, después de la reciente revelación de las auditorías de la Contraloría General de la República, las cuales indican que hubo sobrecostos de $318 millones en cinco obras públicas de la administración pasada, ejecutadas por la empresa brasileña Odebrecht y otras constructoras.
"Esta revelación nos lleva a concluir que se estimuló una actitud criminal en el manejo de proyectos de esta naturaleza. El manejo descuidado de los recursos del Estado que se dio y que seguramente se sigue dando en las contrataciones de obras públicas, en un país donde 4 de cada 10 personas viven en pobreza total, no pueden quedar impunes”, destacó la Alianza en un comunicado.
Según la agrupación, los resultados de estas auditorías son una "información impactante", tomando en cuenta que solo se han auditado 5 de más de 15 megaproyectos que están en lista.
"Luego de cuatro meses de conocerse este escándalo, la empresa Odebrecht no ha colaborado con la justicia panameña, y esta y otras empresas involucradas en sobreprecios continúan operando en nuestro país, y el exministro de Obras Públicas Federico Suárez, y los hijos del expresidente [Ricardo] Martinelli, entre otros implicados, no han respondido ante la justicia por los señalamientos en que se les involucra”, señaló la organización.
De acuerdo con la Alianza, las autoridades deben reconocer que la credibilidad de la Contraloría, de las fiscalías anticorrupción y la Corte Suprema de Justicia “está debilitada”.
Incluso, vaticina que “esta crisis se puede agravar en las próximas semanas”.
Por ello, piden al Ministerio Público que nombren un personal técnico idóneo e independiente que conduzca una investigación objetiva “caiga quien caiga”, que la Contraloría culmine la totalidad de las auditorías restantes y que sus resultados sean “confirmados por una firma forense”.
También solicitó que “el Estado exija el resarcimiento de los daños a Odebrecht”.