La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional archivó tres denuncias en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Harley Mitchell, Oydén Ortega y José Ayú Prado.
La decisión la informó el presidente de esta Comisión, Jorge Iván Arrocha, durante la primera sesión de esta instancia en el segundo período de la Asamblea Nacional.
La primera de estas denuncias fue interpuesta por el abogado Miguel Antonio Bernal en contra de los magistrados Mitchell y Ortega, debido a una decisión que ambos tomaron respecto a la herencia del empresario Wilson Lucom.
Pese a que en su testamento Lucom dejó su herencia a una fundación en el año 2006, en 2010 la Corte Suprema de Justicia revirtió esta situación y entregó el dinero a la viuda del empresario.
En representación de la fundación, Bernal interpuso un recurso en contra de esta decisión, el cual fue negado también por la Corte Suprema de Justicia. Ante esta situación, recurrió a la Comisión de Credenciales para denunciar a los magistrados, caso que finalmente fue desestimado en el día de hoy.
"La Corte Suprema es la última instancia para administrar justicia. Ante un recurso de casación no cabe otro recurso. La Asamblea Nacional no puede administrar justicia paralela", precisó el diputado Arrocha al justificar el archivo de la denuncia.
Los casos de Ayú Prado
La primera de las denuncias contra el magistrado Ayú Prado, archivada en el día de hoy, se refiere a una destitución de un funcionario policial cuando el hoy magistrado se desempeñaba como director de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ) entre 2007 y 2009.
Respecto a esta denuncia, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional decidió desestimar el expediente al considerar que al ya no desempeñar Ayú Prado este cargo, la acusación debía ser archivada.
Este mismo argumento fue utilizado por la Comisión para archivar una segunda denuncia en contra del magistrado, presentada por el abogado Rosendo Rivera en septiembre de 2014.
La querella era por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidores públicos en el caso de la detención y posterior liberación del florista César Segura, quién reclamaba como suyo un terreno en Paitilla, finalizando la cinta costera uno.
Al sustentar su denuncia el año pasado, Rivera consideró que Ayú Prado cometió "un acto doloso" cuando en 2011, siendo procurador general de la Nación, presuntamente "coaccionó" al florista Segura a que devolviera el terreno de Paitilla a cambio de su libertad.
Al no desempeñar ya el cargo de procurador, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional decidió archivar el proceso contra Ayú Prado.