Tanto la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como la Asamblea Nacional demuestran poco interés en los esfuerzos que realiza la Comisión de Estado por la Justicia, en diferentes temas nacionales, como la Carrera Judicial y el sistema penal acusatorio (SPA).
Así lo reveló este martes 27 de junio la Alianza Ciudadana Pro Justicia, que recalcó que al magistrado presidente de la CSJ, José Ayú Prado, se le han enviado cartas para solicitar información, pero hasta la fecha no la ha enviado.
También se ha pedido la presencia de Ayú Prado para abordar la implementación de la Carrera Judicial y los nombramientos en el SPA, “sin que hasta la fecha se logre una participación decidida de la directiva de la CSJ en estos espacios de seguimiento a la reforma”.
Para la Alianza Ciudadana Pro Justicia, el período de gobierno 2009-2014 “fue un tiempo perdido y de grandes retrocesos en materia de administración de justicia” en el país.
En el citado quinquenio se mantuvo inactiva la Comisión de Estado por la Justicia, “lo que impidió que se avanzara en la agenda de la reforma acordada en 2005”.
Pero por la iniciativa del actual procurador de la Administración, Rigoberto González, el 9 de septiembre de 2015 se convocó nuevamente la Comisión de Estado por la Justicia.
Por otro lado, según la Alianza Ciudadana, las dificultades no solo las enfrenta la Comisión de Estado por la Justicia, sino también el Consejo Judicial que “tampoco ha contado con la participación activa y comprometida” de Ayú Prado.
Pero a pesar de esos inconvenientes, la Alianza Ciudadana Pro Justicia seguirá participando en la Comisión de Estado por la Justicia y en el Consejo Judicial porque “creemos que en este momento lo que más necesita este país es el diálogo ante los problemas que vivimos”.Además, las asociaciones que forman parte de la Alianza Ciudadana respaldan a González y lo exhortan a que continúe en sus esfuerzos por enfrentar los problemas de la administración de justicia.
Para esta agrupación es vital darle seguimiento a la evaluación del SPA, la implementación de la Ley de Carrera Judicial, el Tribunal de Integridad y Transparencia y la Justicia Comunitaria de Paz, la cual debe ponerse en marcha desde enero de 2018.