“Todas nuestras auditorías y acciones de cobro de impuestos responden a programas”, respondió Publio Cortés, jefe de la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ante acusaciones de que hay “persecución política” en los recientes alcances fiscales ejecutados por su despacho en los bufetes de los abogados Sidney Sittón y Alma Cortés.
“Estos programas se aplican sobre contribuyentes pequeños, medianos y grandes, y también sobre personas naturales. Todas estas medidas tienen verificación de cumplimiento y continuarán”, explicó.
Precisó que la DGI “ha visitado” este año a unas 300 empresas y 3 mil contribuyentes, entre ellos, personas jurídicas.
Detalló que los resultados de las gestiones de cobro han sido positivos, aunque no producen recaudación inmediata, porque los contribuyentes interponen recursos legales.
En el caso particular de Sittón y Cortés, el jefe de la DGI aclaró que por limitaciones de la ley no puede revelar información tributaria de los contribuyentes, aunque ellos sí decidan ventilar su situación ante los medios.
Según Sittón, el pasado 12 de noviembre, a los 10 minutos de haber llegado a su oficina en el edificio Torre Loba en calle 50, se presentaron tres funcionarios de la DGI con un acta para realizar un allanamiento sobre la base del pago del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (Itbms).
A su juicio, la acción de la DGI está relacionada con la reciente denuncia que hizo de que 80 funcionarios del Gobierno que tienen doble nacionalidad cobran salarios del Estado indebidamente. También dijo que obedece a que denunció el supuesto enriquecimiento injustificado del exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu, y porque forma parte de la defensa legal del expresidente Ricardo Martinelli.
“Todo es una persecución política”, sostuvo el abogado, quien agregó que interpuso un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia contra la medida de la DGI.
Denunció que el acta de la diligencia que elaboró la DGI le permite revisar, grabar y clonar todos los equipos tecnológicos de su oficina, lo que a su criterio requiere de la autorización previa de una autoridad judicial.
Por su parte, la exministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, abogada y miembro de la cúpula de Cambio Democrático, Alma Cortés, también denunció que fue objeto de un allanamiento la semana pasada en su bufete en calle 50.
Dijo que la DGI “se equivocó en su acción”, y que analiza demandar a Cortés.
Según su opinión, “todas estas acciones de la DGI se desprenden de una persecución política”.
(Con información de Yolanda Sandoval, Juan M. Díaz, Aminta Bustamante y Olmedo Rodríguez).