Al presentar su informe de gestión administrativa 2016-2017, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, se quejó de la falta de recursos que se destinan al Órgano Judicial para atender aspectos relativos al aumento de la carga que implicó la puesta en marcha del sistema penal acusatorio y la implementación de la Ley 53 de agosto de 2015 que regula la carrera judicial.
Destacó la necesidad de cerrar juzgados y crear más salas de audiencia, y que el presupuesto que se les otorgó apenas permitió nombrar el personal mínimo para arrancar.
En cuanto a la carrera judicial –dijo Ayú Prado– ha podido comenzar en 2017 porque en 2015 no les dieron un centavo.
Detalló que en 2016 tampoco recibieron el presupuesto necesario, y que en 2017, aunque tampoco les dieron el recurso, se prepararon para efectuar traslados de partida y así poner a funcionar la Secretaría Técnica de Recursos Humanos, la Dirección de Gestión Administrativa y la de Desempeño, entre otras, dispuestas en la Ley 53.
"Esperamos que en 2018 nos den los recursos adicionales que necesitamos. No hemos podido crear el Tribunal de Integridad porque no solo requiere jueces, sino personal tipo fiscales y tipo defensa", manifestó este miércoles 27 de diciembre, en un evento en el que le acompañó en la mesa principal la presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego.
El magistrado presidente destacó el apoyo recibido por el Reino de España para implementar la carrera judicial. No para copiar lo que se hizo en España, afirmó, sino para panameñizarlo.
No obstante, remarcó que lo que se logre mucho va a depender de la ejecución del presupuesto y del presupuesto que les den para implementar la ley.
Informó que –con un gran esfuerzo del pleno– se pidieron las hojas de vida, se filtraron (en función de los requisitos establecidos para ciertos cargos) y se hizo un proceso de entrevistas en el que participaron los nueve magistrados apoyados por los suplentes. Luego, indicó, los nueve magistrados nos reunimos para ver a quiénes debíamos elegir. Reconoció que quizás no fue el mejor proceso, pero se avanzó.
Luego destacó que se lograron becas para funcionarios para estudiar doctorados en derecho, que se puso a funcionar un gimnasio, un centro de crecimiento y desarrollo infantil, que se reforzó la clínica institucional y una cobertura médica y de seguro de vida sin costo para los funcionarios.
Agregó que, de manera tardía, lograron ajustes salariales para el 90% de los funcionarios. "Yo me niego a decir que son aumentos de salario, son ajustes (...) Hemos logrado un bono de retiro para que los funcionarios se puedan ir con un reconocimiento por su trabajo", enumeró.
El alto funcionario judicial también destacó que en términos de mediación, 24 mil 164 asuntos se resolvieron sin llegar al torrente judicial en 2016, y que hasta septiembre del presente año se ha logrado lo mismo en 11 mil 928 casos. Se refiere a procesos que se trabajaron como premediaciones y mediaciones extrajudiciales, programa para el cual estuvieron recibiendo el apoyo de la Organización de Estados Americanos y que finaliza, por lo cual están buscando los recursos que les permitan mantenerlo.
TRANSPARENCIA
En materia de transparencia, indicó que hubo un momento en que tuvieron dos oficinas de la Contraloría trabajando a la par en sus instalaciones, una de ellas auditando el uso de una partida de la Presidencia, y que se efectuaban consultas a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) cuando tenían alguna duda.
En cuanto a las declaraciones juradas de bienes de los magistrados, remarcó que son "los únicos funcionarios que tienen que hacer todos los años su declaración jurada de bienes y el presidente cuelga la suya en la página web".
Añadió que, además de las pruebas antidoping aleatorias que se hacen a todos los funcionarios, el "presidente de la Corte ordenó hacerle prueba de polígrafo a su personal más cercano y el personal fue y se la hizo". "Aquí no hay nadie obligado a hacerse la prueba de polígrafo y el personal de la Presidencia lo aceptó".
Asimismo, informó que ha presentado unas 14 denuncias por indicios de comisión de delitos o de corrupción. "La última denuncia la puse la semana pasada ante unas pruebas que nos trajeron", apuntó. Dijo que la información no se divulga por presunción de inocencia y reserva del sumario, pero que tan pronto él tiene conocimiento de una situación de este tipo se manda la información a la Procuraduría General de la Nación, y que las denuncias las pone con nombre y apellido.
VIAJES
En cuanto a la partida para viajes, Ayú Prado señaló que de eso se ha hablado mucho y se seguirá hablando y que él se conforma con las auditorías de la Contraloría y las que periódicamente se están haciendo.
No obstante, alegó que cada vez que tiene la oportunidad de ser invitado [a un evento al extranjero] invierte al menos de 3 a 5 minutos en decir que Panamá no es un paraíso fiscal, que Panamá no propicia el blanqueo de capitales, que Panamá tiene sistemas de alerta que pueden ser perfectibles, pero que no es un paraíso fiscal.
"Ha sido un privilegio dirigir la Corte, lo mejor que tiene el Órgano Judicial es su recurso humano", dijo finalmente Ayú Prado, quien reiteró que el lesivo presupuesto que les dan se suple con la credibilidad y el entusiasmo de su personal, pero esto no podrá ser así por mucho tiempo más.
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