El magistrado presidente
José Ayú Prado remitió al pleno de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ) una solicitud de impedimento para actuar dentro del proceso seguido al expresidente de la República y parlamentario centroamericano
Ricardo Martinelli, por la supuesta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la privacidad, y peculado.
Ayú Prado presentó la solicitud de impedimento luego de que el abogado Ángel Álvarez, quien es abogado de otras dos víctimas de los pinchazos -el catedrático Miguel Antonio Bernal y la diputada Zulay Rodríguez-, presentó una solicitud para que se llame a audiencia al pleno de la CSJ -que él preside- para debatir "la petición de aprehensión" de Martinelli.
En una nota enviada el pasado martes al vicepresidente de la Corte Luis Ramón Fábrega, Ayú Prado sustenta su impedimento en que el abogado Rosendo Rivera -una de las víctimas de los pinchazos- le presentó tres denuncias penales ante la Asamblea Nacional: una, por la investigación adelantada al florista César Segura por la apropiación de un terreno en Paitilla; otra presentada a nombre del exjuez Alexis Ballesteros; y una más por supuestamente haber obligado a Mayte Pellegrini, exempleada de Financial Pacific, a que se retractara de una declaración en la que vinculó a Martinelli con una cuenta en la referida casa de valores, con el nombre de High Spirit.
En este caso Ayú Prado invoca como causal de impedimento el artículo 50 del Código Procesal Penal, que establece que "los jueces podrán apartarse del conocimiento de la causa o ser recusados por las partes cuando existan conflictos de intereses o motivos graves que afecten su imparcialidad, como las relaciones de parentesco, convivencia, amistad, enemistad y comerciales con algunas de las partes, o cuando pueda existir un interés en el resultado del proceso o cuando hayan intervenido con anterioridad en el proceso, y siempre que haya un temor fundado de parcialidad".
El pasado 9 de octubre, el magistrado Harry Díaz, quien actúa como fiscal dentro del proceso, entregó un escrito de acusación en el que pide una "alerta azul" para localizar a Martinelli, y la pena de hasta 21 años de prisión por la supuesta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública (peculado).
El caso se encuentra actualmente a la espera de que el magistrado Jerónimo Mejía, como juez de garantías, fije la fecha para la audiencia de imputación de cargos.
