El magistrado presidente de la Corrte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, pidió a la Unidad de Análisis Financiero y a la Contraloría General de la República que realicen una auditoría de las cuentas bancarias y bienes muebles e inmuebles que posee y los compare con su declaración patrimonial.
Ayú Prado hizo este anuncio al rendir un informe de su primer año de gestión como máxima autoridad de la CSJ, acto en el que participó el presidente de la República, Juan Carlos Varela y otras autoridades.En su discurso, Ayú Prado explicó que la primera nota fue enviada el pasado 5 de diciembre al director general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Se solicitó que se procediera a realizar un audito y análisis acerca de las cuentas bancarias, bienes inmuebles y bienes muebles a su nombre o de sus familiares.Ayú Prado manifestó que se despojó de las prerrogativas que le concede la Constitución y la ley para que se haga el audito. Esta misma nota la envió el 2 de enero pasado al contralor Federico Humbert, con quien conversó ese mismo día para informarle de que le había hecho la misma solicitud remitida a la UAF.En caso de descubrir indicios o pruebas de algún delito, Ayú Prado les autorizó a comunicarlo por escrito al presidente de la Asamblea Nacional, Adolfo Valderrama, para que se haga la investigación. Además, Ayú Prado instó a sus colegas magistrados de la CSJ, magistrados de tribunales superiores, jueces y jefes de oficinas administrativas, a pedir que se le auditen sus bienes.La petición de Ayú Prado para que se auditen sus bienes, se dio un mes y medio después de que una subcomisión de garantías de la Asamblea Nacional separase del cargo y autorizara investigar al magistrado Alejandro Moncada Luna, por enriquecimiento injustificado, lavado de dinero, corrupción y falsedad. La investigación a Moncada Luna está en trámite. En su informe de gestión, Ayú Prado mencionó los avances de su plan estratégico destacando la divulgación de repartos, remodelación e inauguración de infraestructuras, el nombramiento de más de 300 jueces y magistrados de tribunales superiores cuyos cargos estaban interinos y se han interpuesto en el Ministerio Público 20 denuncias por irregularidades de funcionarios judiciales.
Ayú Prado hizo este anuncio al rendir un informe de su primer año de gestión como máxima autoridad de la CSJ, acto en el que participó el presidente de la República, Juan Carlos Varela y otras autoridades.En su discurso, Ayú Prado explicó que la primera nota fue enviada el pasado 5 de diciembre al director general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Se solicitó que se procediera a realizar un audito y análisis acerca de las cuentas bancarias, bienes inmuebles y bienes muebles a su nombre o de sus familiares.Ayú Prado manifestó que se despojó de las prerrogativas que le concede la Constitución y la ley para que se haga el audito. Esta misma nota la envió el 2 de enero pasado al contralor Federico Humbert, con quien conversó ese mismo día para informarle de que le había hecho la misma solicitud remitida a la UAF.En caso de descubrir indicios o pruebas de algún delito, Ayú Prado les autorizó a comunicarlo por escrito al presidente de la Asamblea Nacional, Adolfo Valderrama, para que se haga la investigación. Además, Ayú Prado instó a sus colegas magistrados de la CSJ, magistrados de tribunales superiores, jueces y jefes de oficinas administrativas, a pedir que se le auditen sus bienes.La petición de Ayú Prado para que se auditen sus bienes, se dio un mes y medio después de que una subcomisión de garantías de la Asamblea Nacional separase del cargo y autorizara investigar al magistrado Alejandro Moncada Luna, por enriquecimiento injustificado, lavado de dinero, corrupción y falsedad. La investigación a Moncada Luna está en trámite. En su informe de gestión, Ayú Prado mencionó los avances de su plan estratégico destacando la divulgación de repartos, remodelación e inauguración de infraestructuras, el nombramiento de más de 300 jueces y magistrados de tribunales superiores cuyos cargos estaban interinos y se han interpuesto en el Ministerio Público 20 denuncias por irregularidades de funcionarios judiciales.