"Para nosotros no es relevante si [Ricardo] Martinelli llega el lunes, el martes o el miércoles… lo importante es que se finalmente se logró su extradición”.
Así reaccionó la dirigente política, y una de las víctimas de los pinchazos telefónicos, Balbina Herrera, tras confirmarse que el expresidente regresará a Panamá, en las próximas horas.
El pasado viernes se dio a conocer que el Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) aprobó su extradición, para que Martinelli responda en Panamá por la interceptación no autorizada de las comunicaciones de al menos, 150 personas, desde el Consejo de Seguridad Nacional, en los dos últimos años de su mandato.
Al respecto, Herrera se quejó en el sentido de que la Cancillería de la República o el Gobierno no se hayan reunido o comunicado directamente con los querellantes.
"No nos han notificado nada, lo que sabemos proviene de los medios de comunicación", precisó.
Para Herrera, esto no es más que "una falta de respeto" ya que los querellantes, en conjunto con el fiscal de la causa, "hemos estado esperando esto desde hace años".
Sin embargo, la dirigente política remarcó que se mantienen a la expectativa de lo que pase en los próximos días.
"Martinelli es un expresidente que viene [de Estados Unidos] privado de su libertad, en un avión, que viene a enfrentar la justicia panameña", subrayó. "Si es inocente, bien, sino, que tenga que pagar" por lo que hizo, añadió.
HABLA LA DEFENSA
Sidney Sittón, uno de los abogados de Martinelli, dio a conocer a varios medios de comunicación desde Miami, que se ha solicitado que el exgobernante viaje a Panamá con ropa de preso.
"Qué extradición se ha dado de Estados unidos o Europa que la persona extraditada se le ha obligado a vestir un traje de presidario… a ninguno”, se quejó el abogado.
Sittón dijo que esto no es más que el morbo que existe "para ver exhibido a este personaje vestido de preso".
Martinelli se instaló en Miami desde enero de 2015; fue arrestado el 12 de junio de 2017, cerca de su mansión en Coral Gables y tres meses después –según sus abogados– de sostener una reunión con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, acerca de su solicitud de asilo.