El Consejo Nacional de Periodismo (CNP) y el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e información rechazaron este jueves 23 de agosto las "amenazas de demandas y demandas interpuestas en las jurisdicciones civiles, penales y de familia contra periodistas, ciudadanos y medios de comunicación por parte del expresidente Ricardo Martinelli, sus familiares y equipo de defensa legal".
El pasado martes 21 de agosto, cinco periodistas del diario La Prensa declararon como parte de una demanda que presentó la ex primera dama Marta Linares de Martinelli, en la que pretende que "se ordene a los medios de comunicación social, prensa escrita, televisiva, radial y redes sociales, y en especial al diario La Prensa, cesar y abstenerse de divulgar o publicar hechos y situaciones de índole privado y familiar, y el nombre y apellido o apellidos en general del grupo familiar, como parte de una campaña mediática contra los miembros de esta familia panameña".
La demanda que presentó Martinelli de Linares es "de protección familiar y a la imagen familiar", por publicar notas periodísticas en las que se menciona el vínculo de sus hijos con el caso Odebrecht, que investiga la Fiscalía Especial Anticorrupción.
El CNP y el Fórum hacen un llamado al Órgano Judicial y al Ministerio Público para se mantengan en estado de alerta ante la práctica de abusar del sistema institucional de justicia, como una herramienta de censura, intimidación y persecución de las libertades de expresión e información.
"Estas prácticas constituyen una violación tanto a la Constitución de la República de Panamá como a la Convención Americana de los Derechos Humanos que establece que: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión", añade el escrito.
Estas organizaciones expresan su profunda preocupación y señalan que se mantendrán vigilantes sobre este tipo de acciones interpuestas por funcionarios y exfuncionarios para coartar las libertades de expresión e información.
