El fallo de una juez civil que ordena a Corporación La Prensa –propietaria del diario La Prensa- a compensar por daño moral a David y Daniel Ochy, propietarios de Transcaribe Trading, S.A. (TCT), representa una amenaza “sobre el papel crítico de los medios de comunicación, a la administración pública, el rol de la actividad de los contratistas del Estado y la fiscalización a la discrecionalidad del uso de fondos públicos”.
Así se pronunció el Consejo Nacional de Periodismo (CNP) al conocer que la juez Décimoquinta Civil Melina Robinson condenó a pagar $600 mil a los hermanos Ochy, en concepto de daño moral por tres publicaciones de La Prensa los días 31 de julio y 1 y 2 de agosto de 2012.
“La condena civil desconoce el alcance del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ignorando que los hechos publicados son de interés público y sin tomar en cuenta que la Corte Interamericana de Justicia ha señalado de manera reiterado que las publicaciones sobre asuntos de interés público deben estar debidamente protegidas”, señala una nota de prensa del CNP.
Remarcó que la Declaración de Principios de Libertad de Expresión aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que en los asuntos de interés público debe probarse que el comunicador difundió noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia, “algo que no ocurrió, porque los hoy demandantes, según ha constado en publicaciones del diario La Prensa, no desmintieron la información publicada, sino que solo criticaron la prominencia dada a la misma y a pesar de haber solicitado una réplica, esta nunca fue enviada al medio”.
El gremio advierte que el país se debate en medio de varias acusaciones de supuesto peculado y mal uso de fondos públicos por parte del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), “por lo que hoy más que nunca el CNP propiciará el derecho que tiene todo ciudadano sobre el uso que se le da a estos fondos y sobre aquel que decida hacer negocios con el Estado”.
El fallo de la juez Robinson, con fecha del 25 de noviembre pasado, se emite tres años después de que los Ochy demandaran por $6 millones por supuestos perjuicios morales y materiales por la publicación de unos artículos sobre los contratos adjudicados a TCT durante la presidencia de Martinelli.
La Prensa sostuvo que toda la información divulgada es pública, y que reposa en el portal PanamaCompra, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Obras Públicas (MOP).