ESCUCHAS ILEGALES

CSJ agrupa casos de Martinelli

CSJ   agrupa  casos de Martinelli
CSJ agrupa casos de Martinelli

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) acumuló en un solo expediente –con ponencia del magistrado Harry Díaz– las siete querellas penales interpuestas contra el expresidente Ricardo Martinelli, por las escuchas ilegales efectuadas por el Consejo de Seguridad Nacional en el gobierno anterior.

Estas querellas fueron presentadas ante la Fiscalía Auxiliar de la República por los miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Mitchell Doens, Balbina Herrera y Bernabé Pérez; el diputado del Partido Panameñista José Luis Varela y el abogado Miguel Antonio Bernal.

A finales de enero pasado, la Fiscalía envió las querellas a la CSJ, única entidad que puede investigar a Martinelli por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

En reparto del 2 de este mes, las querellas fueron asignadas a cinco ponentes diferentes, pese a que se relacionaban con los mismos hechos. Los magistrados asignados como ponentes fueron Díaz (Doens), Harley Mitchell (Pérez), José Ayú Prado (Herrera), Abel Zamorano (Varela) y Hernán de León (Bernal).

Fuentes del Órgano Judicial indicaron que la decisión de acumular las cinco querellas se dio en la sesión ordinaria del pleno de la CSJ el pasado jueves. Díaz asumió la ponencia por ser el primer magistrado al que se le asignó una de las querellas.

El mismo jueves, el despacho adjunto de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, que ahora investiga los pinchazos telefónicos, envió a la CSJ otras dos querellas presentadas contra Martinelli por el excandidato presidencial del PRD Juan Carlos Navarro y por el abogado Rosendo Rivera.

En el reparto del pasado viernes hecho por la CSJ, ambas querellas fueron asignadas a Díaz, bajo el criterio de conocimiento previo y por tratarse de los mismos hechos, tal como lo establece el artículo 107 del Código Judicial.

En caso de que se desestime una de las querellas, Díaz podrá continuar tramitando las otras.

Hasta ahora hay 150 personas afectadas por las escuchas. La pena por el delito de inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad es de 2 a 4 años de prisión, y si es cometido por un funcionario sube de 3 a 5 años.

Martinelli tenía hasta la fecha 14 querellas y denuncias penales. Con la acumulación de las siete querellas por los pinchazos, ahora tiene ocho expedientes en trámite en la CSJ.

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