En el año 2005, el Pacto de Estado por la Justicia propuso introducir reformas para mejorar la administración de justicia y acelerar los tiempos de resolución de los procesos judiciales y dotarlos de mayor transparencia.
Magaly Castillo, presidenta de la Alianza Ciudadana Pro Justicia y una de las firmantes del pacto, explicó que esta era una transformación requerida por el sistema judicial, que entonces se había convertido en ineficiente, lento y falto de transparencia.
Castillo opinó que los resultados del Sistema Penal Acusatorio en las provincias donde ya se ha implementado son buenos y generan confianza en la comunidad.
“Este es un cambio indetenible, a pesar de la resistencia que algunos funcionarios mostraron en sus inicios”, aseguró.
“Hasta ahora, esta iniciativa ha sido positiva, pero ha faltado voluntad política para asignar los fondos requeridos al Órgano Judicial, al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y al Ministerio Público para su efectivo desarrollo”, dijo.
Explicó que en Chile la implementación de este sistema solo tardó un año, mientras que en Panamá ha demorado cinco.
Reconoció que el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses han hecho un gran esfuerzo para adecuarse a los tiempos del nuevo sistema penal.
Dijo que es necesario exigir al Gobierno que, así como destina grandes recursos a obras de infraestructura, asigne dinero a la modernización del sistema de justicia, a la resocialización de los detenidos y al mejoramiento de sus condiciones de reclusión.
Consideró que son situaciones que no se pueden seguir postergando antes de que ocurra una crisis.