El Ministerio de Relaciones Exteriores informó al Gobierno de Estados Unidos que estará remitiendo la solicitud formal para la extradición y detención el expresidente Ricardo Martinelli, quien estaría residiendo en un condominio frente al mar en Brickell, Miami, Florida.
En una nota de prensa, se informó que la directora de Asesoría Jurídica de la Cancillería, Farah Urrutia, se reunió con representantes de los departamentos de Estado y de Justicia estadounidenses, “para revisar el caso en mención y asegurar que cumplen con lo establecido y requerido”.
Martinelli es requerido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que el 21 de diciembre pasado ordenó su detención, a fin de que compareciera al proceso que se le sigue por la interceptación no autorizada de comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional, durante su gobierno (2009-2014).
“La Cancillería, como se recomienda para casos de alto perfil como el referido, estará trabajando de manera colaborativa con las autoridades pertinentes previo a la presentación formal de la solicitud de extradición ante el Gobierno de Estados Unidos de América, y se ha fijado un próximo encuentro con las autoridades estadounidenses para finales del mes de junio”, señala la nota oficial.
El 27 de mayo pasado, el magistrado Jerónimo Mejía -en funciones de juez de garantías- remitió a la Corte la solicitud para que Estados Unidos extradite a Martinelli por la supuesta comisión de cuatro delitos: inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, peculado y peculado de uso
Mejía también solicitó a las autoridades estadounidenses “el arresto para los propósitos de extradición hacia la República de Panamá del ciudadano de nacionalidad panameña Ricardo Alberto Martinelli Berrocal”.
La solicitud fue acompañada por el escrito de acusación del magistrado fiscal Harry Díaz y por la demanda particular que interpuso Rosendo Rivera, antiguo abogado de Martinelli y víctima de las interceptaciones que realizó el Consejo de Seguridad Nacional.
Mejía aportó un total de 117 pruebas en el requerimiento de extradición que incluye la orden de detención provisional dictada por la CSJ, inspecciones oculares, toma de declaraciones a funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional que ejecutó el Ministerio Público, también incluyó las entrevistas realizadas a las víctimas por el fiscal de la causa que se convirtieron en querellantes en el proceso; así como declaraciones de personalidades políticas, sindicalistas, empresarios, periodistas a los que se les interceptaron sus comunicaciones durante el anterior gobierno.
Por este caso, el Juzgado Decimoquinto Penal llamó a audiencia a Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional, así como Ronny Rodríguez y William Pittí, exfuncionarios de dicha entidad. Los dos últimos están prófugos.