La vicepresidenta y canciller de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado, informó que Panamá solicitó formalmente a Colombia la extradición del empresario panameño Mayer Mizrachi.
Mayer Mizrachi Matalon es investigado por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, y fue detenido a finales de diciembre de 2015 en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias.
"Se ha tramitado por parte de la Cancillería la extradición que nos fue solicitada por parte de la Corte Suprema de Justicia. Estamos a la espera de las instituciones de Colombia para que se culmine ese proceso", señaló la funcionaria en encuentro con medios de comunicación.
Información contenida en el expediente del caso que investiga el Ministerio Público por la compra de una plataforma tecnológica que supuestamente no fue instalada, sugiere que Eduardo Jaén, exadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) nunca justificó el proceso que siguió para aprobar el monto de la propuesta que presentó Innovative Venture, S.A., de Mayer Mizrachi, para instalar el software Criptext y por el que el Gobierno pagó $211 mil 850.
Jaén tenía pleno conocimiento de que no existía amenaza a la seguridad de las comunicaciones panameñas, aspecto que justificó el contrato con la empresa Innovative Venture para instalar la plataforma.
Jaén, incluso, dio la orden de proceder para el pago del contrato sin siquiera haber instalado las licencias pactadas en la transacción. Así consta en la vista fiscal de este caso, documento que la Fiscalía Primera Anticorrupción envió al Órgano Judicial el 30 de septiembre pasado.
La fiscalía también advierte que Innovative Venture no fue la que llevó a cabo la instalación de Criptext. Este proceso lo hizo Adonay Ortega, consultor de la AIG. Además, se afirma que la instalación se hizo un mes después de que a Mayer Mizrachi Matalon, presidente de la empresa, se le pagó lo pactado en el contrato.
A Mizrachi, al igual que Jaén, Adonay Ortega, Eduardo Briceño y Edgar Rodríguez, exfuncionarios de la AIG, se les formuló cargos por la supuesta comisión del delito de peculado por esta causa.
Tania Sterling, fiscal a cargo de la investigación, también advierte que la herramienta fue dispuesta en dispositivos “privados” de funcionarios de la AIG, que de paso no sabían de la existencia de ese contrato.