LLAMAMIENTO A JUICIO

Casos investigados en la Fiscalía de Cuentas suman $192 millones en daño patrimonial

Casos investigados en la Fiscalía de Cuentas suman $192 millones en daño patrimonial
Casos investigados en la Fiscalía de Cuentas suman $192 millones en daño patrimonial

Con la llegada del expediente de las irregularidades detectadas en el diseño, construcción y equipamiento de los Centros de Innovación y Emprendimiento (Cidete) de la Universidad de Panamá ya suman más de 192 millones de dólares los que se deben recuperar, informó la Fiscalía General de Cuentas.

Desde febrero 2015 hasta la fecha se encuentran incluidos 17 expedientes por supuestas lesiones patrimoniales al Estado, de los cuales siete ya fueron enviados al Tribunal de Cuentas, con sus respectivas vistas fiscales y solicitando el llamamiento a juicio.

El fiscal general de Cuentas, Guido Rodríguez, ha solicitado juicio para los vinculados en los casos de compra de alimentos deshidratados y de bolsas de comida a través del desaparecido Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Rodríguez también pidió llamamiento a juicio por los casos del alquiler de servicios de helicópteros, adquisición de mochilas, compra de llantas por medio del PAN.

Además se pidió llamamiento a juicio a los involucrados en la compra de alimentos deshidratados (No. 1) y manejo irregular en el Instituto de Mercadeo Agropecuario.

De acuerdo con la Fiscalía General de Cuentas, todos esos casos superan los 123 millones de dólares en posibles lesiones patrimoniales.

Dentro del listado de casos figuran también el del sistema de riego de Tonosí, por 29.2 millones de dólares; la compra de granos del PAN, por 12.3 millones de dólares; del Programa Piso y Techo del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, por 1.5 millones de dólares, y contratos suscritos por Senacyt, cuya cifra es de 740 mil dólares.

Por su parte, el monto del daño patrimonial estimado en los Cidete es de 3.5 millones de dólares, según el examen practicado por personal de la Contraloría General de la República entre el 1 de enero del 2011 y 31 de diciembre de 2014, vinculando a 10 funcionarios de la primera casa de estudios superiores.

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