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vista fiscal del caso proyecto de riego de tonosí

Llaman a juicio a exministros

Corresponderá al juez decimocuarto penal, José Ángel Carrera, evaluar las sumarias de investigación de la fiscal Zuleyka Moore, en el caso riego de Tonosí.

La empresa ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo recibió un adelanto de 31 millones  para la realización del proyecto, cuando este no mostraba avances.

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El sistema tenía como propósito dotar de agua para riego a cientos de hectáreas de tierra en Tonosí, Los Santos, afectadas por la sequía. El sistema tenía como propósito dotar de agua para riego a cientos de hectáreas de tierra en Tonosí,  Los Santos,  afectadas por la sequía.
El sistema tenía como propósito dotar de agua para riego a cientos de hectáreas de tierra en Tonosí, Los Santos, afectadas por la sequía. LA PRENSA/Archivo

Dos exministros de Desarrollo Agropecuario, del pasado gobierno, Óscar Osorio y Emilio Kieswetter, la excontralora Gioconda Torres de Bianchini, así como el exvicepresidente Felipe Virzi (1994-1999) figuran entre las 33 personas por las que la Fiscalía Tercera Anticorrupción pidió llamamiento a juicio en la investigación relacionada al contrato del fallido proyecto de riego de Tonosí, en Los Santos.

En la lista de la fiscalía están el excandidato a diputado de Cambio Democrático Porfirio Ellis, el periodista Ovin Julio Miller, y los directivos de la empresa Hidalgo & Hidalgo (H&H), contratada para este proyecto, Marco Albán Crespo y Víctor Ríos, entre otros.

En la investigación, que incluye un expediente de 117 tomos, también se pide juicio para Ricardo Ricky Calvo, miembro del círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli, y para el exjefe de Ingeniería Rural del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Abdiel Atencio. Ambos se encuentran prófugos de la justicia por este caso. También se ha solicitado que sean llamados a audiencia: Aurelio Mejía, exdirector de Programación de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas; Juan José Moreno, de la empresa Agroenergía Internacional, S.A., y Roland Richard, negociador del contrato con H&H.

CÍRCULO CERO, LLAMADO A ENFRENTAR LA JUSTICIA

Miembros del círculo cero del exmandatario Ricardo Martinelli figuran en la lista de 33 personas a las que la Fiscalía Tercera Anticorrupción, a cargo de Zuleyka Moore, solicitó llamar a juicio por la supuesta comisión de los delitos de peculado y fraude en contrataciones públicas en la ejecución del fallido proyecto de riego de Tonosí, en Los Santos.

Entre los personajes allegados al expresidente a quienes se solicitó el llamamiento a juicio se encuentran Ricardo Ricky Calvo, el exvicepresidente Felipe Pipo Virzi y la excontralora Gioconda Torres de Bianchini. Calvó está prófugo.

A Virzi se le vincula a este proceso luego de que, según la investigación, recibiera $10 millones de la empresa Hidalgo & Hidalgo (H&H), que obtuvo el contrato en 2012.

Mientras que Torres de Bianchini fue la que refrendó el contrato en su calidad de contralora para esa época.

Según la versión que dio Virzi a la fiscalía, Ricky Calvo repartió el dinero que él recibió depositado en una cuenta en el Banco Universal, a nombre de la sociedad Summer Venture, en la que Virzi y Magdalena Latorraca Espósito aparecen como firmantes. Esta última, madre de Calvo, también aparece entre las llamadas a juicio.

Igualmente, figuran en el listado remitido por la fiscalía al Juzgado Decimocuarto Penal los exministros de Desarrollo Agropecuario Óscar Osorio, quien firmó el contrato en 2012, y Emilio Kieswetter, quien inició las gestiones para el proyecto.

Además, está el periodista Ovin Franklin Julio Miller, quien también habría recibido un cheque de H&H, y el exdirector de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas Aurelio Mejía, quien gestionó el fallido proyecto.

La vista fiscal también pide llamar a juicio al excandidato a diputado de Cambio Democrático (CD) Porfirio Ellis, quien supuestamente recibió $311 mil de H&H y que, según Virzi, fue la persona que lo invitó para participar del proyecto.

La fiscalía incluyó a los directivos de H&H Marco Albán Crespo, quien firmó el contrato con el Estado, y Víctor Ríos.

Roland Richard, negociador del contrato, Juan José Moreno y Julio Terrientes, ambos de la empresa Agroenergía Internacional, S.A., que habría recibido unos $15 millones en concepto de adelantos por algunos trabajos del proyecto, figuran en la lista de la fiscalía.

Ese monto de dinero representaba casi el 52% del adelanto que entregó el Estado a H&H, pero los auditores de la Contraloría encontraron “que no existe un contrato firmado entre H& H y la sociedad Agroenergía Internacional”. A esta empresa se le paga por supuestos servicios de asesoría técnica y consultoría.

Entre otros exfuncionarios para los que se les pide juicio figuran Francisco Iturralde y Sebastián Peralta, quienes fungieron como coordinadores del proyecto.

Igualmente, están Lina María Tejera, ex directora nacional de Administración del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), y Abdiel Atencio, exjefe de Ingeniería Rural y Riego del MIDA, quien está prófugo.

En la investigación, que se inició en agosto de 2014, las autoridades encontraron que aunque se había hecho un desembolso de $31 millones a H&H, el avance en el proyecto era mínimo. Por ello, el MIDA solicitó la cancelación de la obra.

ABRIRÁN NUEVO PROCESO

Poco antes de concluir la investigación, la fiscal Moore remitió a la Fiscalía Séptima Anticorrupción copia de los 117 tomos de investigación para que se abra un nuevo proceso por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.

Esta petición se dio luego que se detectara que la empresa H&H desviara fondos a cuentas bancarias de empresas y sociedades anónimas registradas en Panamá.

En la mayoría de estas cuentas y sociedades anónimas aparecen personas cercanas al expresidente Martinelli.

La decisión de la fiscal Moore para solicitar esta investigación se fundamentó en los hallazgos del informe de auditoría de la Contraloría General de la República, que evidenció una serie de movimientos entre sociedades de personas ligadas con el proyecto.

Esta nueva investigación fue objetada por los abogados defensores, quienes presentaron un incidente de controversia contra la decisión de la fiscalía y que aún está pendiente de resolver por el Órgano Judicial.

Se informó que en este expediente la fiscalía solicitó copias de las transacciones hechas por H&H a través del centro bancario y empresas locales y extranjeras.

 

 

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