A 35 aumentó el número de detenidos en la Operación Mesoamérica, que desmanteló una red criminal responsable del tráfico de cientos de indocumentados extracontinentales a través de Centroamérica y cuyo destino era Estados Unidos y Canadá.
El fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada, Rafael Baloyes, detalló que los dos colombianos cabecillas de la red, detenidos en el edificio Lacosta Tower, en Costa del Este, se niegan a declarar y permanecen detenidos.
Baloyes contó que en los operativos realizados en Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Panamá fueron decomisados documentos que relacionan a los detenidos con la trama.
Por ejemplo, las autoridades se incautaron de teléfonos celulares en los que se detectaron mensajes en los que se establece que tenían capacidad para transportar entre 125 y 150 personas por mes, y que diariamente transitaba por Panamá un promedio de 50 indocumentados movidos por la red.
La investigación también descubrió que el costo del recorrido por Centroamérica hasta Estados Unidos era de 25 mil dólares por persona.
Incluso, familiares de los migrantes en Estados Unidos eran extorsionados vía telefónica para que enviaran dinero.
PENAS SEVERAS
El fiscal aseguró a este medio que los implicados en este caso pueden enfrentar penas de hasta 30 años de prisión, “por tratarse de un delito grave transnacional”.
Así mismo, reconoció que se requirió de la colaboración de efectivos de la Policía Nacional para realizar el trabajo encubierto, y de esa manera acercarse al sistema para ubicar los sitios desde donde operaban.
Según Baloyes, se desarrolló una operación internacional, porque si se desarticulaba solo la célula operativa de Panamá, el flujo de migrantes continuaría y la estructura de la red se habría mantenido intacta.
El funcionario judicial consideró que en este proceso aún puede surgir la vinculación de otras personas que no han sido ubicadas, y sobre las que pesan órdenes de conducción para interrogarlas por su presunta relación con el ilícito.
HISTORIAS
Lejos de los expedientes judiciales gravitan las historias de hombres y mujeres que dejaron sus países huyéndole a las guerras o para buscar un futuro mejor.
La pensión La Cigarra, en Santa Ana, uno de los sitios que fue allanado en medio de la operación, guarda varios de estos relatos. Seis hombres, de entre 25 y 30 años, que fueron retenidos en el procedimiento y luego devueltos a la posada, hablaron este miércoles con este medio. Todos dijeron ser de Bangladés, un país ubicado en el sur de Asia.
Mohamed Ali, el que mejor domina el español, explicó que salieron de su tierra huyéndole al alto índice de homicidios perpetrados por las autoridades de su país. “La Policía mata a muchas personas”, narra, y enseguida muestra un video de YouTube en el que que se ve una multitud protestando en la calle, mientras es golpeada por uniformados. “La política en mi país es muy mala, y no hay oportunidad para estudiar”, agrega.
Mohamed salió de su país con $5 mil y un objetivo: llegar a Estados Unidos. “Quiero ir a Estados Unidos para mejorar mi vida”, afirmaba en horas del mediodía de ayer, mientras sus compañeros movían sus cabezas de arriba hacia abajo, quizá indicando que también tenían ese sueño.
Todos siguieron la misma ruta: Bangladés, Dubái, Brasil. Una vez llegaron a Brasil, siguieron por tierra hacia Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, pero fue en la frontera de Colombia y Panamá donde se encontraron.
En Colombia, cuenta Mohamed, pagó $30 a un guía para que lo llevara a Capurganá, una población paradisiaca en el Chocó. Allí conoció a sus compañeros y juntos caminaron hasta Panamá. En Colombia, asegura, todos fueron asaltados. Hombres con pistola en mano les quitaron el dinero que tenían y sus documentos.
Para llegar hasta la ciudad de Panamá caminaron 6 días, es decir, 378 kilómetros. La madrugada del pasado martes 28 de junio, cuando las autoridades irrumpieron en la pensión, los seis migrantes fueron retenidos y autoridades del Servicio Nacional de Migración les pidieron sus datos, les registraron las huellas dactilares y hasta los vacunaron contra el A(H1N1).
“No nos dieron ningún papel, nosotros esperamos seguir nuestro viaje en siete días”, resaltó. Según Mohamed, el fiscal Baloyes también los interrogó. Les preguntó de dónde venían y cuál fue la ruta que tomaron para llegar al istmo, entre otros aspectos.
“Nosotros no contactamos a nadie”, dice el hombre mientras mira a sus compañeros. Y reitera: “Salimos de nuestro país, porque allá la Policía, es mala, la Policía mata a la gente”, recalcó.