La Corte Suprema de Justicia, en pleno extraordinario celebrado ayer, 31 de marzo, no discutió los dos expedientes por irregularidades en la compra de granos en el Programa de Ayuda Nacional (PAN) que involucra al expresidente Ricardo Martinelli y a los diputados Sergio Gálvez y Vidal García.
Fuentes del Órgano Judicial indicaron que los dos expedientes del PAN, el de Martinelli y el de los diputados Gálvez y García, siguen pendientes de decidir la admisión del proceso penal, luego que fuese discutido en pleno extraordinario el 24 de marzo pasado.
El magistrado ponente de ambos casos es José Ayú Prado.
En su lugar, los magistrados de la CSJ resolvieron archivar un proceso penal por lavado de dinero en contra del diputado Pedro Miguel González, caso que data del año 2011.
El magistrado Abel Zamorano fue el ponente del fallo que archivó el caso contra González, que actuó como diputado fiscal en el proceso seguido al exmagistrado Alejandro Moncada Luna (condenado a 5 años de prisión).
González fue investigado luego de que un informe de la Unidad de Análisis Financiero reveló que recibió dinero de la empresa Proyectos del Norte, que obtuvo contratos por $5 millones durante el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009).
Además, el pleno de la CSJ aprobó un proyecto de ley que regula la profesión de abogados.
Fuentes del Órgano Judicial indicaron que los dos expedientes del PAN, el de Martinelli y el de los diputados Gálvez y García, siguen pendientes de decidir la admisión del proceso penal, luego que fuese discutido en pleno extraordinario el 24 de marzo pasado.
El magistrado ponente de ambos casos es José Ayú Prado.
En su lugar, los magistrados de la CSJ resolvieron archivar un proceso penal por lavado de dinero en contra del diputado Pedro Miguel González, caso que data del año 2011.
El magistrado Abel Zamorano fue el ponente del fallo que archivó el caso contra González, que actuó como diputado fiscal en el proceso seguido al exmagistrado Alejandro Moncada Luna (condenado a 5 años de prisión).
González fue investigado luego de que un informe de la Unidad de Análisis Financiero reveló que recibió dinero de la empresa Proyectos del Norte, que obtuvo contratos por $5 millones durante el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009).
Además, el pleno de la CSJ aprobó un proyecto de ley que regula la profesión de abogados.
