El día 20 de enero de 2016 pasará a la historia como la fecha en que se hicieron públicas dos denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Por un lado, el abogado Rolando Sánchez Núñez interpuso una denuncia penal en contra del magistrado presidente de la CSJ, José Ayú Prado, por la supuesta comisión de los delitos de corrupción de funcionarios, abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidor público. Estos delitos acarrean una pena de prisión y conllevan la destitución del funcionario como parte de la sanción penal. La prueba que se adjunta a la denuncia es la declaración jurada que Rosendo Rivera hizo el 16 de septiembre de 2015.
Por su lado, los magistrados José Ayú Prado, Luis Ramón Fábrega y Hernán De León, en su condición de presidente de la Corte y de las salas Penal, Contencioso Administrativo y Laboral, y de la Sala Civil, respectivamente, presentaron una denuncia contra su colega Harry Díaz por faltas graves y gravísimas a las normas de transparencia e integridad de la función judicial establecidas por la Ley 53 de 2015, de Carrera Judicial.
La sanción que se le solicita aplicar a la Asamblea Nacional es la destitución de Díaz. Como prueba se anexa copia, facilitada por la Autoridad de los Servicios Públicos, de la entrevista que dio Díaz en Telemetro el 14 de este mes.
Estos hechos, sin precedentes, ameritarían que la comisión de Credenciales de la Asamblea se declarara en sesión permanente para conformar dos subcomisiones que estudien ambas denuncias y determinen si se inicia algún proceso, penal o disciplinario, en contra de los magistrados antes mencionados. A pesar de lo público y notorio de las declaraciones de Díaz, estas ya habían sido proferidas con anterioridad a La Prensa, y las mismas solo tienen carácter indiciario; es decir, son apenas la noticia de un posible acto delictivo. Por su parte, la declaración jurada de Rivera tiene un carácter probatorio más fuerte, ya que por su naturaleza puede servir, junto con otros elementos, como pruebas idóneas de la comisión de un ilícito.
Corresponde a la comisión de Credenciales de la Asamblea continuar moviendo las fichas de este ajedrez, y navegar con sumo cuidado las tempestades que se avecinan desde la Corte para evitar un autogolpe judicial que defenestre al máximo tribunal en beneficio de un solo procesado en rebeldía.
El autor es abogado