Los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reconocieron que la fiscal especial anticorrupción, Tania Sterling, tiene competencia para dictar medidas cautelares a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, como parte de la investigación de los sobornos pagados por Odebrecht, a través de bancos suizos.
De ese modo, los magistrados José Ayú Prado (quien presidió el acto), Jerónimo Mejía y Harry Díaz confirmaron un fallo del 2 de junio pasado del Tribunal Superior de Apelaciones, que se inhibió de conocer un recurso de habeas corpus preventivo presentado a favor de los dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli.
La decisión fue adoptada este miércoles 7 de junio por Ayú Prado, Mejía y Díaz, en una audiencia de apelación solicitada por Luis Eduardo Camacho González, abogado de los Martinelli Linares, quienes no estuvieron presentes en el acto.
Sterling indicó que la decisión de la Sala Penal aporta tranquilidad, dado que -reconoció- había dudas sobre el procedimiento que debía aplicar sobre los hechos ocurridos antes del 2 de septiembre de 2016, pero cuya investigación inició posterior a esa fecha. El 2 de septiembre pasado entró en vigencia, en todo el país, el sistema penal acusatorio (SPA).
"El tribunal ha planteado hasta dónde seguirá rigiendo el sistema [inquisitivo] viejo y dónde comienza el nuevo", indicó.
Durante la audiencia, Sterling defendió la competencia de su despacho para ordenar la detención preventiva de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, investigados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
Camacho González alegó que la fiscal no tiene facultad para dictar medidas cautelares contra sus clientes, ya que –según él– esto es competencia de un juez de garantías, puesto que la investigación empezó después del 2 de septiembre de 2016, cuando ya estaba vigente el SPA.
La fiscal defiende su competencia, al amparo de lo establecido en el artículo 553 del Código Procesal Penal, que señala que las disposiciones contenidas en dicha norma solo se aplicarán a los hechos cometidos a partir de su entrada en vigencia.
El pasado 2 de junio, el Tribunal de Apelaciones, conformado por los magistrados Luis Mario Carrasco, Gladys Moreno y Donaji Arosemena, consideró que adoptar una decisión en ese momento afectaría esta causa penal y otros procesos que están en trámite en el sistema penal inquisitivo, por lo que decidieron declinar competencia a la Sala Penal de la Corte.
Durante el pasado mes de febrero, la fiscalía solicitó a Interpol difundir una alerta roja para detener a los hijos del exgobernante por esta investigación.
La Fiscalía Especial Anticorrupción mantiene aprehendidos varios bienes y cuentas ligados a los Martinelli Linares, como un apartamento en Madrid, España, un helicóptero y $22 millones depositados en Suiza, entre otros.
Una vez determinada la competencia de la fiscal, la CSJ debe entrar a decidir si la orden de detención es legal o ilegal.