Procedimiento

‘Debida diligencia’, a la carta

La firma Mossack Fonseca ha obviado en algunos casos aplicar la ‘debida diligencia’, incluso, por pedido expreso del propio Fonseca Mora.

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El diputado panameñista Gabriel Soto recibió de regalo una fundación de Fonseca Mora. El diputado no quiso opinar al respecto, tras varios intentos de comunicación hechos por este medio. El diputado panameñista Gabriel Soto recibió de regalo una fundación de Fonseca Mora. El diputado no quiso opinar al respecto, tras varios intentos de comunicación hechos por este medio.
El diputado panameñista Gabriel Soto recibió de regalo una fundación de Fonseca Mora. El diputado no quiso opinar al respecto, tras varios intentos de comunicación hechos por este medio. LA PRENSA/Archivo

La debida diligencia, o due diligence, en inglés, actualmente es un procedimiento de obligatorio cumplimiento legal por parte de los abogados de Panamá, de acuerdo con la Ley 2 de 2011.

Pero en el caso de la firma Mossack Fonseca, es una política interna adoptada por el bufete desde antes de la promulgación de la ley panameña.

Esa política interna fue copiada de la ley de Islas Vírgenes Británicas (BVI) –donde Mossack Fonseca tiene el grueso de sus sociedades inscritas– Y de ello se sienten muy orgullosos. Sara Montenegro, directora de asuntos legales de la firma, así lo dijo en una entrevista con La Prensa la semana pasada.

“Hay jurisdicciones con las que trabajamos que son mucho más férreas en cuanto a los requisitos de la debida diligencia, como sería el caso de las BVI (Islas Vírgenes Británicas). Nosotros nos aseguramos de utilizar los estándares de esa jurisdicción para aplicarlo al resto de las jurisdicciones”, aseguró.

¿Qué tan rigurosa es la firma en cumplir con este requisito? Habrían muchas evidencias de que el Departamento de Cumplimiento del bufete trata de cumplir con esas políticas, pero ¿que pasa si un socio de la firma o sus abogados pide expresamente que no se haga?

‘YA SABEN’

Ello ocurrió en varias ocasiones. De acuerdo con documentos obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) con La Prensa y otros 106 medios de comunicación, en 2006 habría habido un pequeño revuelo en la firma por causa de una orden emanada del propio Ramón Fonseca Mora.

Ese año, de acuerdo con la documentación, la firma le habría “asignado” una fundación al hoy diputado panameñista Gabriel Soto por petición de Ramón Fonseca Mora. La debida diligencia no se habría aplicado por orden del propio socio fundador de la firma.

Todo habría comenzado el 16 de junio del mencionado año, cuando Fonseca Mora habría ordenado hacer “una fundación privada con la licenciada Yolanda de] Azcárraga, llamada Fundación Ramón Mora”. También habría pedido que llamaran a Gabriel Soto.

“Es para él. Yo pago los gastos”, habría añadido.

El uso de la fundación se habría mantenido fuera de alcance del radar del Departamento de Cumplimiento hasta que un año después –en julio de 2007– la secretaria de Fonseca Mora, Hercilia Molina, encontró una factura de la fundación con el nombre de su jefe, pero esta no aparecía en la lista oficial de sociedades de Fonseca Mora.

Sus compañeros de trabajo le habrían explicado la naturaleza de la entidad, pero aún había una confusión al respecto.

¿Por qué Fonseca Mora aparecía como cliente si él no era el cliente, sino Soto? Lo que conducía a otra pegunta, ¿por qué el socio de la firma era el que pagaba las facturas?

Carmen Batista, del Departamento de Corporaciones, habría explicado. “Como cliente aparece el Lcdo. Fonseca desde el inicio. Sería un cambio de administración hacia Gabriel Soto, necesitamos sus datos generales (dirección, actividad, teléfono, fax, email) para que Business Development (Desarrollo de Negocios) lo clasifique y cree en la base de datos. Y dejar la instrucción especial que la factura anual es pagada por el Lcdo. [Fonseca Mora]. Tendrán que hacerle el due diligence también”, habría advertido.

Molina –la secretaria de Fonseca Mora– entonces habría elevado una consulta a su jefe antes de que llamaran a Soto. “No es necesaria [sic] el due diligence”, habría advertido Fonseca Mora el 13 de julio de 2006.

El asunto quedó zanjado cuando la secretaria de Fonseca Mora habría enviado un correo electrónico a todos los involucrados en estas comunicaciones, copiando el correo de su jefe y un escueto mensaje a todos: “Ya saben”.

Las comunicaciones habrían continuado por los cinco días siguientes. Incluso, el propio Fonseca Mora le habría preguntado a Soto si usaría la fundación o no.

“Te confirmo que sí se está usando la fundación, adelante con lo del cambio de cliente”, habría indicado Molina el 18 de julio. Ese mismo día se habría reafirmado que todas las facturas y pagos correspondientes al uso de la fundación los pagaría Fonseca Mora.

No se supo más de la fundación hasta junio de 2009, cuando Molina le habría enviado “la instrucción escrita del Lcdo. Ramón Fonseca de eliminar o disolver esta Fundación”.

En 2009, Soto perdió las elecciones generales al cargo de alcalde en Arraiján. Quedó de segundo. Cinco años más tarde, logró una victoria, esta vez como diputado de su circuito, el 8-1, cargo que desempeña en la actualidad.

La Prensa intentó contactar a Soto por teléfono y por chat para que explicara el uso de una fundación, que cambió de nombre, pero no respondió a las preguntas.

“Nosotros hacemos donaciones directamente, tampoco cuantiosas como otra gente hace, sino limitadas”, contestó Fonseca Mora sobre las donaciones de la firma a políticos de su partido, el Panameñista.

SOCIEDAD DE CASA

Los documentos entregados al diario alemán Süddeutsche Zeitung darían cuenta de otros más.

A finales de marzo de 2015, el director de Mercadeo y Ventas de Mossack Fonseca, Carlos Sousa-Lennox se habría personalmente de dar la aprobación para ser aceptado como cliente del bufete a Virgilio Periñán Herrera. Este empresario es hijo de la exlegisladora y ex candidata presidencial por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera.

Fue, justamente, por ello, que días después habría venido una contraorden. Y es que Periñán Herrera –que había adquirido la sociedad Global Business Development Company Corp.– después de un due diligence, resultó ser un PEP (persona expuesta políticamente], justamente por ser hijo de la política perredista.

El 1 de abril de 2015, la firma decidió que la sociedad adquirida por Periñán Herrera fuera transferida a otro bufete.

Pero, simultáneamente, se habría tramitado la adquisición de una segunda sociedad –llamada Pengton International Group–, aparentemente reservada por Sousa-Lennox. En ella, Periñán Herrera tendría el 50% de las acciones y Sousa-Lennox el restante 50%. Socios, pues.

Y entonces empezaron los problemas, pues nuevamente Periñán Herrera es identificado por la firma como un PEP. En vista de ello, la firma habría decidido el 8 de abril de 2015 que, tras la venta de la sociedad, esta cambiaría de agente residente y de directores.

La decisión duró poco, pues ese mismo día, el asistente de Sousa-Lennox, Carlos Lara, habría informado que no se haría tal cambio de agente residente, pues la sociedad “será propiedad del Lcdo. [Sousa-Lennox], para lo cual harían cambios al pacto social de la compañía.

Josette Roquebert, del Departamento de Corporaciones de la firma, le habría pedido al Departamento de Cumplimiento hablar con Sousa-Lennox sobre la incorporación de esta sociedad, ya que su socio era un PEP, que incluso había sido rechazado días antes.

El asistente de Sousa-Lennox, Carlos Lara, daría las instrucciones finales el 20 de abril de 2015: El “Lic. Carlos [Sousa-Lennox] me indica que para evitar problemas, pondrá a la Sra. Melva María Jaén (secretaria) como la tenedora del otro 50% de las acciones”, que originalmente se iban a registrar a nombre del PEP Virgilio Periñán Herrera.

A propósito de este caso, cabe recordar las palabras de Sara Montenegro –directora de Asuntos Legales de la firma–, quien dijo a La Prensa la semana pasada que “el tema del PEP es un tema delicado, pero tiene que quedar claro que en todas las políticas de conozca a su cliente, ninguna te dice que, porque es un PEP, tú no puedes atenderlo. Lo que te mandan [a hacer] todas estas políticas es hacer un enhanced diligence, que es como una [debida] diligencia ampliada y son varios y más profundos los recaudos que solicitas para atender a esa persona...”.

UNA COSTUMBRE

La práctica de saltarse el procedimiento de “conocer a su cliente” – que incluye la debida diligencia– no es cosa extraña en la firma Mossack Fonseca, según demostrarían los documentos obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por ICIJ.

En 2002, por ejemplo, habrían evitado hacer la debida diligencia –de la que presumen ser los más cumplidos– al peruano Jorge Von Wedermeyer, exgerente del Dresdner Bank y beneficiario de la sociedad Perfina Corp.

“Sugerimos no hacer due diligence pues el Sr. Von Wedermeyer pertenece a una de las familias más ricas del país (Perú), dueños de la Cervecería del Sur y tiene muy buen prestigio”, habría escrito un miembro del equipo legal de la firma.

Un año antes habrían utilizado la misma estrategia. Entonces se trataba del ecuatoriano Roberto Hanze, quien, por esos años, era ministro de Educación en su país.

La decisión la habría tomado el propio Jürgen Mossack, por petición del propio cliente. “El Lcdo. Mossack aprobó no solicitar referencias ya que el cliente tiene en su historial comentarios de no hacer due diligence”, se lee en la información compartida por ICIJ.

En otras palabras, la firma no le habría aplicado el proceso obligatorio porque el cliente quería que lo complacieran. Así pues, Mossack decidió que tenía más peso, ser cliente de la firma que registrarlo como un PEP.

De haberlo hecho, no solo se habrían dado cuenta de que el cliente era ministro en ese momento, sino también de que había sido subsecretario de industrias del presidente León Febres Cordero, en 1982.

En otras palabras, Hanze era una persona expuesta políticamente (PEP), una condición que usualmente genera el rechazo por parte de los gabinetes legales, incluida la firma Mossack Fonseca, que desde “2015, un par de meses” después decidió rechazar a todos los PEP.

¿RIGUROSIDAD?

Sara Montenegro, la directora de Asuntos Legales de la firma, aseguró que la debida diligencia es uno de los procesos más rigurosos aplicados por Mossack Fonseca, al punto de que, según ella, tienen a más de 30 personas trabajando en ese departamento. “Nosotros por lo general siempre [...], por norma, hacemos la debida diligencia con todos nuestros clientes”.

Consultado Fonseca Mora sobre excepciones hechas por la firma o sus abogados o socios de la aplicación de la debida diligencia, aseguró lo siguiente: “Yo creo que no. No que yo sepa, a menos que tengan un contacto directo con el departamento de due diligence que diga que no se hace”. Al parecer en la firma varios tendrían esos contactos.

Además, sobre aceptar a personas catalogadas como PEP, Fonseca Mora afirmó que, “definitivamente, una persona en un puesto público es un riesgo, porque ahí es donde vienen los malos manejos. Nosotros tomamos la decisión ya hace un par de meses de no aceptar PEP ya del todo. Es una decisión ya tomada como norma de la firma”.

Al cierre de esta edición, La Prensa, no había recibido respuesta de Mossack Fonseca sobre estos casos.

 

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