La defensa del expresidente Ricardo Martinelli presentó ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 491-A de la Ley 55 de 2012 ("Ley blindaje"), que fija un plazo de dos meses para investigar a los diputados de la Asamblea y el Parlacen.
La acción podría incidir en el proceso que se adelanta contra el exmandatario y diputado del Parlacen por las interceptaciones de las comunicaciones.
Una fuente judicial reveló que se trata de un recurso similar al presentado por el magistrado Oydén Ortega Durán, fiscal en otra acción judicial seguida a Martinelli: la de los contratos para la compra de alimentos deshidratados con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN) en su gobierno. Dicho proceso se encuentra paralizado desde que Ortega solicitó que se le extendiera el término de investigación por un mes adicional a los dos que concede el artículo 491-A.
La fuente detalló que la investigación por los pinchazos telefónicos no se suspenderá, ya que a la fecha el magistrado fiscal Harry Díaz no ha solicitado una prórroga para investigar al exmandatario.
Las demandas contra la Ley 55 de 2012 -que fue sancionada por el propio Martinelli durante su gestión- están en manos del magistrado ponente Hernán De León.
Paralelamente, la defensa de Martinelli solicitó al magistrado Jerónimo Mejía, quien actúa como juez de garantías, una audiencia de control para denunciar supuestas violaciones a sus derechos fundamentales dentro del proceso por los pinchazos.
El abogado Dimas Guevara, del equipo de abogados de Martinelli, presentó la solicitud a Mejía, fundamentado en la resolución del 20 de febrero de 2015 por la cual la Corte Suprema de Justicia ordenó la acumulación de las querellas presentadas contra Martinelli.