Una demanda de inconstitucionalidad fue presentada este lunes 7 de noviembre de 2016, en contra de la Ley 82 de 2013, que tipifica el feminicidio y modifica el Código Penal.
La acción fue presentada por el abogado Ernesto Cedeño, específicamente contra el artículo 70 que establece lo siguiente:"Si se comprueba que cualquier medio de comunicación ha incurrido en discriminación o violencia en contra de las mujeres será sancionado por el Ministerio de Gobierno con una multa de mil dólares a tres mil dólares dependiendo de la gravedad de la violación".
Cedeño argumenta que esa disposición lesiona el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se refiere a la libertad de pensamiento y de expresión.
"No podemos retroceder las conquistas en materia de libertad de expresión", y agregó que el artículo 70 había pasado "desapercibido" hasta ahora que el órgano Ejecutivo –a través del Ministerio de Gobierno– elaboró un proyecto para reglamentar la Ley 82.
El documento propone crear la Dirección para la Promoción de la Libertad de Expresión que estaría facultada para, entre otras cosas, llevar un registro de todos los medios de comunicación y monitorear las publicaciones a fin de constatar acciones discriminatorias, sexistas, estereotipadas o denigratorias o generadores de violencia contra las mujeres. También se obliga a los medios a registrarse y aportar información bajo "gravedad de juramento".
Para Cedeño, el hecho de que haya un organismo veedor puede ser censurador y es "bien delicado".
El Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, el Consejo Nacional de Periodismo (CNP) y la Asociación Panameña de Radiodifusión ya han expresado su preocupación y rechazo por la intención del gobierno del presidente Juan Carlos Varela de atribuirle a dicha dirección facultades que buscan regular los medios de comunicación, su contenido editorial y, por ende, la libertad de expresión.
En tanto, el titular de Gobierno, Milton Henríquez, señaló que la Ley 82 le da a esa entidad la facultad de establecer sanciones, por lo cual se empezaron las consultas para crear una reglamentación que defienda los derechos de la mujer y no se afecte la libertad de expresión.
