El abogado Ernesto Cedeño presentó este miércoles, 15 de marzo de 2017, una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León (Partido Revolucionario Democrático), en relación con la dudosa gestión de $14 millones en donaciones y de otros $68 millones en contratos por servicios profesionales, revelada en una investigación periodística de La Prensa.
La denuncia interpuesta por Cedeño contra De León es por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir, contra la administración pública (peculado) y también por delitos electorales.
La Constitución establece que la Corte Suprema tiene entre sus atribuciones investigar y procesar a los diputados de la Asamblea Nacional.
Cedeño recordó que, en la acción penal, uno responde por acción (por hacer algo) u omisión (por dejar de hacer). A su juicio, si Rubén De León era quien avalaba los pagos, también debió establecer los controles necesarios para evitar el “desgreño”. Sin embargo, se han malversado fondos públicos, insistió.
En su denuncia también hace referencia a la supuesta comisión de delitos electorales, toda vez que se usarían estos fondos públicos “para proyectarse en las próximas elecciones”.
Cedeño agregó que esperaba que la Corte admita la denuncia presentada y empodere a un fiscal para que investigue a profundidad.
El abogado también se refirió a la comisión conformada a lo interno del Legislativo para tratar las revelaciones por las irregularidades en los donativos y contratos por servicios profesionales y la cual –según el abogado– no tiene mayor validez.
"Esta comisión administrativa difícilmente va a llevar a un veredicto en contra de los mismos diputados", sentenció.
La comisión legislativa surgida a través de la investigación periodística de La Prensa está conformada por los diputados Juan Carlos Arango (Partido Popular), Leandro Ávila (PRD) y Yanibel Ábrego, (Cambio Democrático).
A la par, la Contraloría General de la República inició desde el pasado lunes una auditoría a las donaciones, subsidios y contratos de servicios profesionales expedidos por la Asamblea.