El Tribunal Electoral (TE) remitió a la Corte Suprema de Justicia los 12 tomos de la investigación referente a la impugnación de las elecciones del circuito 7–1, para que se determine la posible comisión de delitos penales.Fuentes de la Corte Suprema de Justicia confirmaron que a través de la nota 905-14 del 16 de diciembre, dirigida a la Secretaría General, le fueron remitidos los tomos correspondientes al recurso de nulidad presentado por el abogado Dilio Arcia, en representación del candidato Ovidio Díaz, contra las elecciones de diputado del circuito 7–1.Mediante la resolución del 2 octubre de 2014, el TE declaró la nulidad de las elecciones del circuito 7–1 y ordenó comicios parciales en 15 mesas de esa circunscripción electoral.En una auditoría adelantada por el TE se determinó que la campaña del entonces candidato y hoy diputado Carlos Afú, del partido Cambio Democrático (CD), recibió 4 millones de dólares pertenecientes a fondos públicos.Estos fondos fueron enviados desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al Municipio de Río de Jesús, Veraguas.Según la auditoría, el Municipio de Río de Jesús transfirió los recursos a juntas comunales del 7-1 y a varias empresas.El informe señala que 37 cheques por un monto de 142 mil 110 dólares fueron girados a las juntas comunales de Las Tablas, y que 471 cheques, por un total de un millón 32 mil 196 dólares, entregados a diversas compañías.Según el abogado Dilio Arcia, la Corte debe decidir si abre una investigación penal por el uso de fondos públicos en actividades proselitistas.Arcia alegó que en este caso se comprobó la entrega de fondos del Estado a una campaña electoral y que el TE ha puesto esta situación en conocimiento de la Corte, pues esa corporación es la única competente para investigar a los diputados.De acuerdo con Arcia, cuando el proceso se ventiló ante el TE se trataba de un acto administrativo electoral, pero durante esa etapa se practicaron pruebas en el Programa de Ayuda Nacional (PAN) y el Municipio de Río de Jesús, donde se dio una serie de hallazgos que dan pie a acciones penales.En esa ocasión solicitaron el envío de copias a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público, para establecer si se cometió un delito.Tras el reparto del pasado viernes, el expediente quedó radicado en el despacho del magistrado Harley Mitchell. El togado deberá elaborar un proyecto para determinar si hubo una consumación de delitos durante los meses previos a los comicios de mayo pasado, y entonces abrir un sumario o dictar un archivo.El pasado 16 de noviembre, el candidato Carlos Afú ganó las elecciones parciales convocadas por el TE en el circuito 7–1, luego de anular el resultado de los comicios del 4 de mayo de este año. Afú ha sido diputado por esa circunscripción en cuatro ocasiones. Antes de CD, integró el Partido Revolucionario Democrático.
Fallo del TE reveló anomalías
El exmagistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado explicó que en el proceso de impugnación del circuito 7–1 se alegó el uso de recursos del Estado por parte de candidatos oficialistas, y que esto se refrendó en el fallo dado por los magistrados que ordenó nuevas elecciones.
Explicó que la decisión de enviar los expedientes a la Corte Suprema de Justicia intenta determinar si hubo alguna acción de tipo penal.
Márquez Amado sostiene que la acción de los magistrados del TE se encuentra tipificada en los códigos Judicial y Administrativo, que obliga a los funcionarios a poner en conocimiento de la autoridad competente los hechos que pueden dar con la comisión de un delito.
Consideró que si se determina que un diputado incurrió en un delito,solo la Corte puede hacer la investigación, por lo que la acción debe estar apegada totalmente a derecho. No obstante, detalló que en estos casos se debe cumplir con el debido proceso y ubicar las evidencias para abrir un sumario.